Por: Alberto Bolívar Ocampo
Publicado: 26 de Dic 2008 - Diario Expreso
No hay enemigo más peligroso para una organización terrorista que las fuerzas de operaciones especiales. La naturaleza de estas operaciones hace que, en el caso de acciones contraterroristas, sean descritas más como “parapolíticas” que paramilitares y pueden comprender el uso de la violencia, pero de forma selectiva (Maurice Tugwell y David Charters: “Special Operations and the Threats to United States Interests in the 1980´s”, en Special Operations in US Strategy, Frank Barnett, Hugh Tovar y Richard Shulz (editores) (Washington, D.C.: National Defense University Press y National Strategy Information Center, Inc., 1984), 7 y 34.) El objetivo principal es (siempre) político y los riesgos (también políticos) son frecuentemente muy altos.
Dar clic para ampliar imagenEn el caso específico de lo que está sucediendo en el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE) y sobre todo en la batalla por el bastión senderista en Vizcatán, las fuerzas especiales (combinadas) de nuestras Fuerzas Armadas están operando a partir de una decisión política tomada al más alto nivel, que tiene como objetivo (político) crear las condiciones de seguridad que a su vez permitan la legitimación de la presencia del Estado, eliminando primero a las columnas terroristas remanentes y afectando después su principal fuente de financiamiento: el narcotráfico.
A diferencia de las fuerzas convencionales –cuya principal misión es la de coadyuvar a recuperar el control territorial-, las fuerzas especiales buscan hacer contacto con la población para aislarla de la organización terrorista. Deben constituir la punta de lanza de un esfuerzo estatal de índole integral (siempre sostuve que son “representantes armados” del Estado, además de “escalpelo estratégico de la nación”), en la que los componentes sectoriales civiles son los que en verdad deben ser los instrumentos (eficientes) de la presencia (legítima) de ese Estado, algo a lo que me referí en esta columna el pasado 16 de octubre.
Nuestras fuerzas especiales están dando la talla en el VRAE, pero sus (indiscutibles) éxitos tácticos contra Sendero Luminoso quedarán en ese nivel, serán pasajeros y no llegarán a constituir un éxito de alcance estratégico mientras los componentes civiles del Estado no converjan en apoyo de lo que viene después de las operaciones militares, es decir, en la fase de la pacificación y de la consolidación o, como en este (lamentable) caso, para revertir una peligrosa situación de vacío político-administrativo. La demora (e ineficiencia) de esa convergencia puede terminar haciendo que los éxitos militares devengan en fútiles, al momento de hacer el balance estratégico. Es, en otras palabras, lo que acaba de advertir Édgar Núñez, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso.
De otro lado, desde Lima, nuestras fuerzas especiales deben contar con las adecuadas garantías legales y procesales para que puedan cumplir con su tarea sin las –ya de rigor por parte de la izquierda– “denuncias” por supuestas “violaciones a los derechos humanos”, “uso excesivo de la fuerza” e incluso “genocidio”. Sabe (la izquierda) que son los peores enemigos de sus primos hermanos. Harán todo lo posible –acá y en el exterior– para evitar la derrota estratégica del senderismo.
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