Grupo Strategos

Cuando en 1999 la administración de Bill Clinton aprobó el llamado “Plan Colombia”, fue producto de la grave situación en la que se encontraba la administración de Andrés Pastrana a consecuencia del – aparentemente- incontenible avance, tanto del narcotráfico como de las guerrillas de las FARC y el ELN, que habían arrinconado estratégicamente al gobierno central, temiéndose incluso un desplome del Estado.

Algunos países como el Ecuador ya habían comenzado a tomar medidas concretas: ni bien se firmaron los Acuerdos de Brasilia con el Perú el 26 de Octubre de 1998, 1 de cada 5 efectivos de su ejército (es decir un total de 10,000 efectivos) fue desplazado a la frontera con Colombia; la cancillería ecuatoriana inició conversaciones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Refugiados/ACNUR para el asesoramiento, financiación y puesta en ejecución de un plan destinado a ser aplicado para recibir grandes cantidades de refugiados, ante la eventualidad del derrumbe del Estado colombiano. Antes de dos años, el Ecuador ya estaba preparado para dicho escenario.

En Febrero de 1999, en una presentación ante el Colegio Inter-Americano de Defensa en Washington, D.C., el presidente Alberto Fujimori advirtió sobre “la amenaza que representaba Colombia para la estabilidad regional”, no haciendo distinción alguna entre el Estado y los grupos guerrilleros, palabras que obviamente molestaron mucho a Bogotá. A renglón seguido y con mucha fanfarria, desplazó 2,500 efectivos hacia una frontera de 1,600 kilómetros. Como decía Ernest Hemingway, nunca hay que confundir movimiento con acción. La medida peruana fue puro movimiento, no hubo acción por cuanto en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada NO EXISTIA PLAN OPERATIVO ALGUNO PARA LA FRONTERA CON COLOMBIA. Fue un irresponsable uso político de un tema que –es cierto – sí tenía delicadas implicancias geopolíticas y estratégicas para la región.

Washington tenía serios y fundados motivos para proponer el “Plan Colombia”:

1. Desde el punto de vista geopolítico, Colombia es un país que limita con cinco países (potencial de dispersión y de proyección, dependiendo de si estamos hablando de refugiados o de guerrilleros, respectivamente); es el único país sudamericano efectivamente bioceánico; y por último, es muy cercano al estratégico Canal de Panamá.

2. En términos de narcotráfico, los cárteles de la droga no sólo exportaban más drogas en especial a los Estados Unidos, sino que tenían más poder financiero, hecho que les había permitido penetrar el tejido social y político de ese país.

3. El narcotráfico se había convertido en la principal fuente de ingresos de la guerrilla, ya sea por alianzas o por participación directa, algo que a mediados de la década pasada no quería aceptarse en el Congreso estadounidense – pese a los que sostenían la DEA, la CIA y el Pentágono-, bloqueándose asistencia miliar directa a Colombia porque influyentes legisladores como el senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont), la vetaban, aduciendo que “una cosa era el narcotráfico y otra la guerrilla”.

4. El desplome de Colombia los hubiese obligado a intervenir militarmente, con o sin ayuda de países sudamericanos (algo a lo que dicho sea de paso, se oponía tajantemente el Brasil, por una serie de motivos que analizaremos más adelante.)

La elección de Alvaro Uribe en 2002, su decidida voluntad política y estratégica para combatir frontalmente a la guerrilla y el narcotráfico (en ese orden) y - hay que reconocerlo – importantes cambios doctrinarios y operacionales efectuados por las fuerzas armadas colombianas a partir de mediados de 1999, no sólo contuvieron a la guerrilla, sino que además la pusieron a la defensiva. Pese a ser reelecto en 2006, los críticos de Uribe y del “Plan Colombia”, sostienen que los miles de millones de dólares invertidos, no han disminuido ni debilitado al narcotráfico y no se ha derrotado ni política ni militarmente a la guerrilla. Esta última, en vista de los duros reveses sufridos, ha realizado adaptaciones y modificaciones doctrinarias y operacionales que en ciertos casos sorprendieron a las fuerzas del orden; y el primero de los nombrados se ha desplazado en dirección sur, es decir hacia nuestro país, en donde opera casi sin oposición en las áreas fronterizas (Puca Urco, Caballococha o Pebas), además de que en algunos casos ha establecido “alianzas estratégicas” (término tan manido que está muy de moda últimamente) con los poderosos cárteles mexicanos y en otros casos, ha sido desplazado por éstos e incluso por cárteles peruanos.

Es obvio que en el Perú, Sendero Luminoso ya no constituye la amenaza estratégica –entiéndase amenaza para nuestra viabilidad – porque sus principales líderes están en prisión, porque todavía lame sus heridas y porque está dividido (lo que dificulta una efectiva recomposición, pero para la que están trabajando, aprovechando la ceguera y estupidez estratégicas del sistema, lo que se traduce en los vacíos legales, la lenidad y a veces complicidad de jueces y fiscales, y un ambiente muy “políticamente correcto” que a como dé lugar trata de imponer los “estándares internacionales”.) No obstante, lo que sí podría alcanzar pronto esa categoría es el narcotráfico, no sólo por el incremento de las áreas de cultivo de la coca, el aumento de la producción de cocaína, la masificación del consumo de la misma y de la pasta básica, el peligroso – y poco comentado - aumento de las plantaciones de amapola, el arribo de cárteles colombianos y mexicanos, la aparición de cárteles peruanos, sino también por la base social e influencia política y a veces mediática que está consiguiendo. Diversos analistas especializados en el tema como Jaime Antezana y Fernando Rospigliosi han venido advirtiendo sobre el peligro de que nos convirtamos en una “narcorepública”.

En suma, a diferencia de la Colombia de fines de la década pasada, la amenaza – salvo una efectiva reestructuración y vuelta a la lucha armada por parte de Sendero Luminoso -, viene por el lado de un narcotráfico que actúa en múltiples planos y que cada vez adquiere más fuerza social y política. Es por ello que cabe preguntarnos: ¿Es necesario y factible un “Plan Perú” para nuestro país? ¿Es que no existe la claridad estratégica en nuestras élites para darse cuenta de la magnitud de la amenaza? ¿Es conveniente una masiva participación de Washington, con todas las implicancias que conlleva para otros de nuestros intereses de política exterior, más específicamente nuestras – esas sí, verdaderamente estratégicas- relaciones con el Brasil?

En Febrero de 2001, durante la administración de Valentín Paniagua, los Estados Unidos propusieron un plan de apoyo cívico y militar en la amazonía peruana, que llevaba por nombre “Nuevos Horizontes”, y en la que participarían 200 efectivos militares de ese país. Esto fue rechazado por el entonces congresista izquierdista Javier Diez Canseco, porque sostenía que sería el primer paso para una “invasión a Colombia”. Las actividades se llevarían a cabo en localidades situadas a 1,000 kilómetros de nuestra frontera con ese país, por lo que los argumentos de Diez Canseco eran ridículos, pero aún así fueron frustradas. Cabe señalar que hace unos meses esas actividades se realizaron en zonas deprimidas de Lambayeque y no hubo ningún problema.

Ya desde el año 2002 comenzaba a discutirse sobre la conveniencia de la aplicación de una medida de tantas implicancias geopolíticas, estratégicas, sociales y militares. Más específicamente, durante la visita de George W. Bush a Lima en Marzo de ese año, no llegándose a nada concreto.

Durante la pasada campaña presidencial peruana, el hoy presidente Alan García sí tocó el tema y volvió a reiterarlo en su visita de hace unas semanas a los Estados Unidos. Tanto el lugar como el momento eran propicios: la capital de la superpotencia, la cual está buscando impedir la proyección geopolítica del populismo mesiánico del venezolano Hugo Chávez. En esa misma ocasión, García se refirió al peligro del “fundamentalismo cocalero andino”, para referirse a Bolivia y a Evo Morales, claro peón de Chávez.

Si utilizamos variables de análisis geopolítico, comprenderemos mejor la advertencia que Alan García hizo en Washington respecto al potencial de desestabilización regional de lo que acertadamente denominó “fundamentalismo cocalero andino”. Dicho concepto encierra, a su vez, otros significados:

1. La identificación geográfica del conjunto estratégico andino (o remitiéndonos a Ray Cline, placa politectónica andina), que la inteligencia estadounidense llama el “arco andino de inestabilidad”, y del que somos parte importante por nuestra ubicación, extensión y recursos.

2. Un sentido de “destino manifiesto” (en la línea de lo que Karl Haushofer describió como “pan-ideas vitalizadoras”: el pan-eslavismo, el pan-germanismo y el pan-islamismo; es decir, fuerzas motoras de carácter espiritual, capaces de movilizar a grandes poblaciones y provocar conflictos.)

3. Aunado a esto último, el tomar como estandarte de lucha un producto de restringido uso ancestral, pero de amplio uso delictivo: la coca.

La preocupación es real, por cuanto la clave de la placa politectónica andina – aunque muchos no lo crean – la tiene Bolivia, país por demás importante geopolíticamente hablando. Los bolivianos, no hace mucho se han dado cuenta de ello, alertados por su potencial gasífero y la descarada intromisión, primero política y ahora también militar, de una Venezuela chavista que tiene una clara concepción geopolítica, así como la persistencia estratégica y los medios para intentar conseguir sus objetivos.

El primero que identificó la importancia de Bolivia fue el Capitán del Ejército Brasileño Mario Travassos en su libro Proyección Continental del Brasil (1931.) La describió, de un lado, como país-meseta, vinculado geológicamente a la estructura andina y, del otro, oscilando delante de las cuencas que desgastan sus flancos: la Amazónica (Brasil) y la del Plata (Argentina.) Más importante aún, Travassos identificó en su territorio al cruce de comunicaciones más importante del continente: el triángulo Santa Cruz-Sucre-Cochabamba, advirtiendo: “De todo este examen se puede fijar de un modo categórico el sentido político de Bolivia como el centro geográfico del continente y la causa eventual de conflicto armado, cuya proporción podrá hasta asumir el carácter de una verdadera conflagración” (refiriéndose a la rivalidad argentino-brasileña por influenciar en ese país y dicho sea de paso, una de las causas de su inestabilidad. Tampoco fue casualidad que hace 40 años Fidel Castro enviara al Che Guevara a Bolivia para “incendiar los Andes”, a partir de la locación de ese país.)

Ya no está presente esa rivalidad y el Che hace mucho que se encontró con su Hacedor, pero está un territorio con múltiple potencial (5 vecinos), ya sea de proyección (geopolítica y militar, de ahí las bases venezolanas) o de dispersión (en caso de una guerra civil, algo a lo que – todo lo indica - irremediablemente se encamina. Los argentinos ya están haciendo cálculos y tomando previsiones. Los chilenos, ni lo duden. ¿Y nosotros? Nada. Hace mucho que Relaciones Exteriores y Defensa tendrían que estar previendo probables escenarios y acciones.) Esto no es broma ni política-ficción. Una Bolivia agresiva o desestabilizada, devendrá en amenaza regional.

Es obvio que un eventual “Plan Perú”, independientemente de que apuntaría directamente al corazón de las actividades del narcotráfico (y que suponemos implicaría el libramiento de grandes sumas de dinero sobre todo para proyectos de infraestructura vial, los únicos que podrían ayudar al éxito de la estrategia de sustitución de cultivos porque esas zonas son verdaderos “ghettos geográficos”; para capacitar a la Policía Nacional, para planes de prevención, mayor cooperación de inteligencia, etc., además de una incrementada presencia permanente policial y militar estadounidense) también serviría para ese “gran juego” geopolítico que se está dando entre Washington y Caracas. La posición geopolítica central peruana es clave para una estrategia de contención política a una Bolivia y un Ecuador chavistas. Son servicios estratégicos que Lima bien puede prestar a Washington, a cambio de la aprobación del TLC o por lo menos de una ampliación indefinida del ATPDEA, algo que favorecería el proyecto de Sierra Exportadora.

Por otro lado están nuestras relaciones con el Brasil. La auspiciosa reciente visita de Alan García a ese país, pone de una vez por todas sobre el tapete la adopción de una serie de medidas bilaterales concretas como la construcción de las carreteras interoceánicas sur y norte, la participación peruana en el SIVAM y el SIPAM para controlar nuestros espacios amazónicos, combatir al narcotráfico y proteger al medio ambiente, entre otros), reuniones “2+2” entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países, etc. Todo esto, dentro de la intención peruana de estrechar los lazos con Brasilia para reforzar nuestra estrategia de competencia “amistosa” con Chile, visando su proyección y la de los países del MERCOSUR en dirección al Asia-Pacífico, así como la recepción de lo que de esa zona venga hacia Sudamérica.

Durante el gobierno de Toledo, las relaciones Lima-Brasilia se afectaron negativamente por dos hechos:

1. El inconsulto retiro – con Torre Tagle – de nuestro país del llamado G-20 por parte del entonces vicepresidente Raúl Diez Canseco, lo que molestó mucho a los brasileños por ser ellos uno de los principales impulsores (junto con la India y China) de un proyecto que busca erigir contrapesos a los Estados Unidos.
2. La realización de las Operaciones Unitas, no en nuestra costa, sino en nuestra amazonía, algo que molestó más a Brasilia que lo del G-20 porque implicaba la presencia de tropas multinacionales en un espacio geopolítico que ellos buscan preservar como su bastión y zona de influencia.

Nos preguntamos: ¿Un “Plan Perú” no conllevaría – como antes se dijo -una incrementada y permanente presencia militar estadounidense en nuestra amazonía? ¿Cuál sería la reacción del Brasil? Salvo que se les incluyera activa y primordialmente, de rechazo total. Esto último podría, a su vez, traducirse en un fortalecimiento de los lazos con Chile y una preferencia para la proyección transpacífica. Por lo pronto, los asesores estratégicos del presidente Lula le han sugerido proponer en 2007 a los países de la región, la creación de unas Fuerzas Armadas Sudamericanas, siguiendo el modelo de la OTAN. En un análisis de Eleonora Gosman, publicado el pasado 19 de Noviembre en el diario Clarín de Buenos Aires, se indicaba que esta propuesta sería consecuencia del “recelo de las Fuerzas Armadas brasileñas, no confesado en voz alta, por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región”. Elaborada por el Núcleo de Asuntos Estratégicos dependiente de la presidencia del Brasil, la propuesta tiene una filosofía bastante definida que fue expresada por un vocero militar: “Esa integración puede tal vez impedir en el futuro una aventura militar o una presión de algún país sobre la región o sobre alguna nación sudamericana”. El objetivo es “una integración militar que permita defender los recursos naturales de la región”, entendiéndose por ello: un volumen de reservas de hidrocarburos más que respetable, es la mayor reserva de agua dulce del planeta y el área es sumamente rica en biodiversidad.

No nos queda sino ir sopesando los aspectos positivos y negativos que tendría un plan que incidiría más allá de nuestros intereses y objetivos, que podría plantear situaciones contradictorias entre los mismos y que por último podría afectar – no sabemos cómo - nuestras relaciones con Washington y Brasilia.

(*) Alberto Bolívar. Revista SOLO DEMOCRACIA Nº 3, Dic 06 / Ene 07

La muerte de Héctor Aponte Sinarahua, más conocido como camarada Clay, constituye el más importante éxito de inteligencia operacional desde la captura del camarada Feliciano en julio de 1999, pero no ha sido el único, ya que casi de inmediato cayeron en Lima y Ayacucho Carlos Becerra Romero y Alejandro Canecillas Quispe, respectivamente, quienes también eran importantes mandos militares de SL. Varias Conclusiones podemos extraer al respecto:

1. La Dircote nunca cesó en su trabajo de inteligencia y siempre ha estado capturando a terroristas requisitoriados, lo que institucionalmente implica una estrategia de inteligencia coherente, continua y de largo aliento. Es un perseverante, fino y silencioso trabajo de inteligencia que simplemente no se resalta tanto en la prensa porque no hay la orden de presentar a los detenidos vistiendo trajes a rayas.
2. En el caso de Clay, es indudable que al más alto nivel hubo la decisión política de acelerar el esfuerzo de inteligencia, lo que a su vez implicó:

a) Despliegue de agentes e informantes –apoyo de la población- en el campo, lo que de por sí constituye un trabajo operacional no sólo difícil, sino además riesgoso.

b) Usar una parte del nuevo presupuesto asignado para la lucha contraterrorista y ofrecer una jugosa recompensa por la cabeza de Clay, tal como informa la revista Caretas en su última edición. En Malaya (1948-1960), los británicos consiguieron grandes éxitos usando un buen sistema de recompensas. Lo mismo se hizo en Perú la década pasada como parte de un marco legal para combatir al terror, instrumento imprescindible para esta clase de guerra y que no existe en la actualidad, algo que reclamé en esta columna los días 12 y 26 de diciembre de 2005. Como parte de ese marco legal debe darse una nueva Ley Contraterrorista y una nueva Ley de Arrepentimiento. En el caso de las normas sobre recompensas y arrepentimiento no debe verse como dinero gastado, sino más bien como dinero bien invertido.

3. El sistema de inteligencia del sector Interior está funcionando y los

resultados saltan a la vista no sólo en la lucha contra el terror, sino también contra la delincuencia común, tal como lo señalé la semana pasada.

4. En especial en la zona del VRAE se está dando una mejor relación

operacional y de inteligencia entre los estamentos policiales y sus contrapartes de las fuerzas armadas, lo que implicaría que en términos de sistema de inteligencia nacional, éste ya comienza – esperemos que no tardíamente – a funcionar.

No obstante las importantes caídas de Clay y de los otros mandos militares de Sendero, se inicia el nuevo reto de inteligencia que es prepararse para:

- cuanto antes, determinar quiénes serán sus reemplazos; sus antecedentes políticos y policiales – si es que los tienen, porque si fueron captados a corta edad es muy poco lo que se va a saber- y sus capacidades organizativas y militares, y

- capturarlos a la brevedad posible.

En las últimas semanas hemos sido testigo de una reactivación de las actividades militares de las facciones senderistas tanto del VRAE como del Huallaga. Ello no ha obedecido a una estrategia de respuestas a los supuestos golpes que las fuerzas de seguridad les están propinando, sino más bien a una competencia estratégica enmarcada en el trigésimo aniversario de lo que Abimael Guzmán denominó el ILA (Inicio de la Lucha Armada), que como sabemos se inició el sábado 17 de mayo de 1980 con el ataque y consiguiente destrucción de un local de votación en la localidad ayacuchana de Chusqui.

Me he referido a las “facciones senderistas” porque treinta años después no es posible hablar de un Sendero Luminoso unificado, coherente y centralizado en términos de dirección estratégica. Sendero está dividido en las facciones del VRAE, del Huallaga y de Lima.

La primera facción es la más radical porque si bien mantiene la mayoría de postulados de la ideología senderista, no sólo ha roto vínculos con Abimael Guzmán, sino que además lo ha condenado a muerte por traición. Los seguidores de los camaradas “José” y “Alipio” son los que más golpes han propinado a las fuerzas del orden, incluyendo emboscadas a patrullas policiales y militares, así como el derribo de dos helicópteros MI-17 usando RPGs como si fueran armas antiaéreas; técnica que dicho sea de paso, fue desarrollada por los mujaidines afganos en su lucha contra los soviéticos en los años ochenta. (En abril de 2009 estuvieron a punto de derribar, usando la misma técnica, a un helicóptero que transportaba al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas). Los senderistas del VRAE han probado ser altamente móviles, estar muy bien entrenados militarmente, poseer muy buenos sistemas de comunicación, gran conocimiento del terreno, pero sobre todo tener un buen sistema de inteligencia y contrainteligencia que les permite de un lado, conocer dónde y cuándo golpear y de otro lado, anticipar acciones que contra ellos se realicen.

Esto último fue dramáticamente reconocido por el general PNP Edwin Palomino Vega, jefe de la Dircote, cuando en declaró al diario Perú.21 el 3 de mayo pasado: “Siempre llegamos 10 minutos tarde”. De otro lado, “José” y los suyos están aliados con las firmas del narcotráfico. No es que ya sean un cártel más, sino que están aprovechando la gran demanda por droga para “hacer caja” y reconstituir el partido y el ejército, en lo que a esa facción compete. No tienen apuro y esto último no es bien comprendido por las fuerzas del Estado: la guerra senderista – en cualquiera de sus tres facciones – es Guerra Popular Prolongada. Hemos resaltado este adjetivo porque constituye su principal característica.

La facción del Huallaga, liderada por el elusivo camarada “Artemio”, también comparte con la del VRAE su alianza con el narcotráfico, pero a diferencia de esta última, sigue la línea que desde la Base Naval dicta Abimael Guzmán, buscando una “solución política a los problemas derivados de la guerra”, es decir, una amnistía general y consiguiente liberación de absolutamente todos los senderistas encarcelados; algo que ningún gobierno en su sano juicio podría aceptar. Desde el punto de vista militar no han probado ser tan efectivos – al menos por el momento – que la gente de “José”.

El gran reto de Guzmán es el tratar de llegar a un acuerdo entre él y el VRAE, para posteriormente coordinar acciones con el Huallaga. Pese a que la nota periodística de El Comercio del 1 de mayo sostenga que el ya detectado personal del VRAE en los dominios de “Artemio” buscaba disputarle el negocio de la droga, negando que fuera para buscar un acercamiento, yo sí creo posible esto último porque el ambiente político y social del país son propicios para coordinar esfuerzos contra un Estado que cada vez se deslegitima más por los escándalos de corrupción y su incompetencia administrativa. Que el VRAE y Huallaga arriben a un acuerdo monitoreado desde la Base Naval constituiría nuestra peor pesadilla.

La tercera facción, la de Lima, es la más política de todas y sigue las directivas de Guzmán. Es de perfil bajo y está encargada de la captación de nuevos cuadros – sobre todo en colegios y universidades nacionales -, así como de la recuperación de aquellos cuadros que se habían alejado del senderismo. Todavía no se conoce que realice actividades de entrenamiento militar.

De parte del Estado hay confusión. En primer lugar, no han definido claramente al enemigo (en cualquiera de sus tres facciones) que enfrentan. Recordemos que se demoraron 9 años para responder a una sola pregunta: “¿Que es Sendero Luminoso?” Dicha pregunta fue respondida con el Manual de Guerra No convencional de julio de 1989. En segundo lugar y relacionado con lo anterior, sobre todo las fuerzas armadas, siguen usando ese manual, pese al tiempo transcurrido y pese a los manifiestos signos que Sendero ha cambiado en términos doctrinarios, operacionales y de acercamiento a la población. Tercero, no hay un marco legal antiterrorista actualizado: ni estatuto antiterrorista, ni leyes de arrepentimiento y de recompensas; ni qué decir de protección legal efectiva a las fuerzas del orden. Cuarto, el Sistema de Inteligencia Nacional existe sólo formalmente, no en términos reales. Tenemos buenos servicios de inteligencia, mas no un buen sistema, dentro del cual la Dircote tendría que ser la punta de lanza de todo el esfuerzo de inteligencia. Quinto, fuerzas operativas que no pueden movilizarse porque no tienen helicópteros; que no están bien aprovisionadas; que son perseguidas legalmente después de todo enfrentamiento militar. Sexto, la ausencia de los componentes no uniformados del Estado: Salud, Educación, Transportes, Justicia, etc. Esta, ante todo es una confrontación en la que se supone el Estado debe buscar el apoyo de la población a través de su legitimación. Como no está presente, no se puede combatir políticamente a Sendero en el VRAE y el Huallaga. Ellos disfrutan de los vacíos político-administrativos que crea el mismo Estado.

¿Qué estamos esperando para reaccionar integralmente? No lo sé. A veces pienso que estamos en 1981-82 por la dejadez, inacción y miopía política y estratégica respecto a la naturaleza de la amenaza. Ojalá nomás que no tengamos nuestro equivalente a un “11 de septiembre” para allí recién empezar a reaccionar.

Artículo publicado en la revista JustoMedio N° 18, Septiembre 2009.

El reciente derribo de un helicóptero MI-17 no es más que un gravísimo indicador adicional de que no sólo no existe una estrategia integral, clara, coherente y eficaz para combatir a Sendero Luminoso en lo político y lo militar, sino además que la organización terrorista se viene manifestado como una fuerza combatiente altamente móvil, innovadora tácticamente, flexible operativamente hablando y dispuesta a realizar acciones muy audaces – como la incursión urbana contra una base de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en San José de Secce el pasado 1 de agosto-, las que en su momento podrían alcanzar el nivel de contundentes desde el punto de vista estratégico, como podría ser el asalto y toma de una base contrasubversiva del Ejército Peruano. (Se me ocurre que tendría que darse en unos días en los que, por razones climáticas, la base no pudiera recibir ninguna clase apoyo, ni aéreo ni terrestre; comprometería el concurso de por lo menos 300 combatientes, y la masacre de la guarnición y consiguiente robo de sus armas y municiones causarían una crisis política e institucional sin parangón en la historia de nuestro país. La incursión del 1 de agosto, considero que fue un ensayo fallido de lo que vienen preparando.)

El reciente nombramiento de Fernando Valer como Secretario Ejecutivo del Plan VRAE, acarrea las mismas deficiencias (en la forma de carencias) que tenía Jorge Durand, su antecesor:

- no tiene un presupuesto propio

- no tiene personal

- no tiene las facultades legales que le deberían otorgar mando y comando sobre los componentes castrenses y de desarrollo de dicho Plan

- no tiene un decidido apoyo político ni del Ejecutivo ni del Legislativo

Todos estos son los ingredientes perfectos para configurar un futuro escenario de desastre, en especial porque el problema es eminentemente político – pese a las obvias manifestaciones militares – por el abandono en el que el Estado siempre mantuvo a la selva centro-sur. El Estado no sólo es inexistente, sino que además su presencia es rechazada por tardía, interesada e ineficaz.

Que un Estado tenga presencia, significa que sus instituciones sean visibles, comprometidas y eficientes en la búsqueda del satisfacer los requerimientos y necesidades mínimas de una población pobre y desconectada físicamente del mercado. De ahí el anunciado fracaso de una estrategia antidrogas basada en la sustitución de cultivos, por cuanto no habría cómo sacar los productos que reemplazarían a la hoja de coca. Una población que en términos reales y formales, tampoco existe para ese Estado porque el 40% de la misma, no es que no tenga Documento Nacional de Identidad, sino que ni siquiera tiene Partida de Nacimiento; es decir, vamos contra uno de los principios básicos que se demostraron eficaces en la estrategia (de veras integral) que los británicos aplicaron cuando la llamada “Emergencia de Malaya” (1948-1960): presencia del Estado no es principalmente la presencia – importante, claro está – de las fuerzas del orden, sino que “los nacimientos, los matrimonios y las defunciones sigan inscribiéndose.”

El vicepresidente Luis Giampietri pidió declarar “zona de guerra” al VRAE para poder evacuar a la población civil y realizar acciones militares como bombardeos contra presuntas bases senderistas, algo que de plano ha sido rechazado por el presidente Alan García. En primer lugar, debió haber pedido aglutinar a las pequeñas poblaciones dispersas en lo que también los británicos llamaban “aldeas estratégicas”, y cuyo objetivo, más que minimizar los eufemísticamente denominados “daños colaterales”, es aislarlas de los terroristas. Esto toma tiempo y cuesta mucho dinero, pero lo más importante es que es producto de una decisión política y estratégica del más alto nivel. En segundo lugar, así lográsemos reubicarlas, la actual inexistencia de inteligencia oportuna, precisa y veraz, haría inútiles los posteriores esfuerzos militares. Paul Seabury y Angello Codevilla sostienen con acierto que “pelear sin buena inteligencia consiste, en el mejor de los casos, en campañas de destrucción conducidas con la esperanza de que el daño indiscriminado a los brazos y cuerpo del oponente, afectarán vitales pero desconocidos puntos de presión.”

Siguiendo en el campo de la inteligencia: las fuerzas del orden tienen muy poca idea del enemigo al que se enfrentan porque ya no es el Sendero Luminoso de 1980-1994. Es un nuevo SL en lo organizacional, doctrinario, aproximación a la población y en lo operativo. La impresión que me da es que nuestros combatientes - pero en especial quienes los comandan - están desconcertados desde el punto de vista doctrinario. ¿Cómo no lo van a estar, si el Manual de Guerra No Convencional que usan data de julio de 1989? En 1995, los ecuatorianos nos dieron una gran sorpresa doctrinaria y tecnológica en el Cenepa porque fuimos a pelear como si fuera 1981 (Falso Paquisha). Lo mismo está ocurriendo en el VRAE con Sendero. Me atrevería a decir que esto ya se está convirtiendo en un “pequeño Cenepa”.

Una fuente muy bien informada me manifestó que el helicóptero MI-17 no fue derribado el pasado 2 de septiembre por fuego de ametralladoras, sino por un RPG. Esto constituiría un gran cambio operativo por parte de Sendero. El último 28 de abril, utilizando también un RPG, casi derriban el helicóptero que transportaba al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Querría decir que estuvieron entrenando para ello, lo que a su vez significaría que tienen varios en stock. Esta técnica fue desarrollada por los Mujaidines afganos en su guerra de resistencia contra la ocupación soviética (1979-1989), la perfeccionó Al Qaeda y así entrenó a las fuerzas somalíes de Mohamed Farrah Aideed para aplicarlas contra los helicópteros estadounidenses en Mogadiscio (octubre de 1993).

Seguimos sin tener vehículos aéreos no tripulados (UAVs por sus siglas en inglés). Dos de ellos fueron muy bien utilizados por los ecuatorianos en el Cenepa para obtener inteligencia en tiempo real sobre nuestras posiciones. El peligro acabó cuando nuestras fuerzas especiales incursionaron sobre la base de Coangos y destruyeron los UAVs. Es el colmo que catorce años después, viendo su utilidad en esa guerra y viendo cómo se están empleando en Irak y Afganistán, nuestras fuerzas armadas no los hayan incorporado a su estructura de tareas y a su doctrina operativa. Nos serían muy útiles en el VRAE.

El sistema democrático tampoco les está proporcionando los medios materiales para cumplir las misiones que la Constitución Política les asigna en casos de emergencia, violándola flagrantemente. Nuestras fuerzas armadas – ahora se comprueba – sólo existen en términos administrativos y no operativos. No tienen capacidad alguna para cumplir esas misiones. Eso no es responsabilidad suya, sino del liderazgo político, empezando por Fujimori, pasando por Paniagua y Toledo, hasta llegar a García. Por ejemplo, ¿por qué no se usan los helicópteros blindados y de ataque MI-25? Porque no funcionan por falta de mantenimiento (entiéndase, por falta de un presupuesto adecuado que el ministerio de Economía no quiere otrorgar).

El sistema tampoco les proporciona el marco legal adecuado. ¿Existe acaso una nueva Ley de Terrorismo, o leyes de Arrepentimiento y de Recompensas? ¿Qué rol juega el Congreso en esta guerra? Agrava el problema – por lenidad o abierta colusión con los terroristas- la constante intromisión de algunos miembros de ONGs de derechos humanos, de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que después de toda acción armada, no hacen sino denunciar penalmente a nuestros soldados y pilotos. Por más “políticamente incorrecto” que parezca, ya debe irse pensando en tomar drásticas acciones políticas y legales al respecto. De no hacerlo, los tendremos en la terrible situación de tener que morir por un sistema que no tiene la menor intención de defenderse.

Artículo publicado en la revista JustoMedio N° 15, Junio 2009.

En un reporte publicado el pasado 21 de abril en CNN.com, Arthur Brice cita a Bernard Aronson – ex Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos durante la administración de George Bush padre-, comparando al “retorno” de Sendero Luminoso con la película de terror Martes 13 porque “uno piensa que ha matado a la bestia, pero esta siempre regresa.” Esto es relativo, ya que Sendero nunca se fue, sino que a partir de la captura de Abimael Guzmán en 1992 y su derrumbe estratégico de 1994-95, sus remanentes ingresaron a una situación de hibernación estratégica que les permitió intentar reorganizarse, siempre a la espera de una ventana de oportunidad.

Esta se dio porque, equivocadamente, luego de la implosión del gobierno de Alberto Fujimori, muchos equipararon a este hecho con el fin de la guerra, olvidando que esta era una guerra popular prolongada. Dicho de otra forma, si la guerra “supuestamente terminó el año 2000”, tal como con acierto lo expresó Simon Romero en The New York Times del 18 de marzo último en un extenso informe sobre el VRAE, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Son las emboscadas a policías y militares prueba fehaciente de que SL ha recuperado algo de sus antiguas capacidades operativas en el ámbito rural? Todo indica que así es.

Ello se ha visto favorecido por una característica de la zona: geopolíticamente hablando, constituye un guetto por cuanto lo difícil de su topografía y la casi inexistencia de vías de comunicación importantes, la mantienen aislada de los centros de poder político y económico, viéndose además agravada la situación por la secular falta de presencia de un (ineficiente) Estado que, entre otras perlas, mantiene al 40% de los lugareños sin documento de identificación alguno; en otras palabras, no existen oficialmente. Esta misma característica le permitió a Sendero “emerretizarse”, abandonar su indiscriminado empleo de la violencia y buscar – en alianza con el narcotráfico -, la cooptación de un sector importante de la población y de las autoridades locales, sin que nadie se lo impida. Esto último es más importante que sus acciones militares, por cuanto le permite hacerse de una masa crítica de legitimidad; entiéndase, de apoyo popular. A su vez, este apoyo se traduce en inteligencia precisa y oportuna acerca de los movimientos de las fuerzas del orden – convirtiéndose en la “antena popular” de la que hablaba Ho Chi Minh- , con los resultados que conocemos: serios reveses operativos.

Esto sucede porque la doctrina, el software que estas últimas emplean, data de julio de 1989: antes del derrumbe del socialismo; antes de la caída de Guzmán y todo lo que acarreó; antes del replanteo de su estrategia por los remanentes de SL; antes de su (hoy) obvia división; antes de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 y la consiguiente globalización del accionar de los grupos terroristas. Mientras tanto, Sendero – en cualquiera de sus tres vertientes: VRAE, Huallaga y Lima- aprendió de los errores de Guzmán, mutó y se replanteó organizacional, doctrinaria y operacionalmente hablando, para mejor poder adaptarse a las nuevas circunstancias políticas y militares. Mientras no actualicen su doctrina e incorporen nuevas tecnologías como el empleo de vehículos aéreos no tripulados – conocidos como UVAs por sus siglas en inglés – se darán reveses operativos cada vez peores. Es un trabajo eminentemente intelectual que exige empezar por contestar preguntas como: ¿Quién es el enemigo en 2009? O tal vez sea el preguntar ¿quiénes son los enemigos? ¿Cuáles son sus principales manifestaciones doctrinarias y operativas? ¿Quiénes son sus mandos políticos y militares? ¿Cuál es el grado de colusión con las firmas del narcotráfico y cómo ello se traduce en su aparato político y militar? ¿Cuál es el rol que juega Abimael Guzmán desde la Base Naval?

Si estos son algunas (importantes) interrogantes que también son problemas desde el punto de vista de la seguridad, peores lo son desde el punto de vista político-estratégico del Estado. ¿Cuál es el objetivo político de la (supuesta) estrategia que (también supuestamente) se venía implementando desde 2006 y el de la recientemente expuesta por Yehude Simon ante el Congreso? Pregunto, porque no me queda muy claro, a tenor de lo expuesto por el primer ministro, que, valgan verdades, eran un listado mitad diagnóstico y mitad buenas intenciones, pero totalmente carente de lo que debe ser un proyecto de esa envergadura: objetivos claramente establecidos, formulación de políticas (el qué hacer para llegar al objetivo) y el diseño de estrategias (el cómo hacer para llegar al objetivo).

Más importante aun es la decisión política traducida en el hoy muy tenue, casi inexistente, compromiso de acción por parte de los sectores no uniformados, aquellos que con su accionar van a legitimar al gobierno, al Estado y al sistema democrático porque la solución al problema – decía el francés David Galula –no es sólo enviar soldados, sino que cuando estos vayan deben dejar muy claramente establecido ante la población que no vienen como fuerza de ocupación, sino para brindar seguridad a ellos y a los componentes del Estado que concurran en acciones de desarrollo; deben emplearse fuerzas especiales - verdaderos instrumentos parapolíticos que van a hacer un uso discriminado (quirúrgico) contra los terroristas - y no fuerzas convencionales.

Para dejar de ser un guetto, en el VRAE debe “aplanarse la topografía”, aumentando geométricamente los índices geoviales. Esto permitiría paulatinamente ir implementando una estrategia de sustitución de cultivos que sí puede ser exitosa porque el ex campesino cocalero ahora sí podría sacar sus nuevos productos. Es la más sólida base para edificar una presencia permanente y visible del Estado, tal como en el comentario que en The New York Times del pasado 26 de abril hacía Janine di Giovanni al último libro del australiano David Kilcullen (The Accidental Guerrilla), citando a un coronel estadounidense en Afganistán: “Uno puede cavar un pozo de agua en un día y construir una escuela en un mes..., pero toma un largo, largo tiempo construir un camino. Cuando uno empieza un camino, se envía un mensaje: que esto no es una asociación que dura un mes, sino que es para el largo plazo”.

Tanto en el campo de la seguridad como en el campo del desarrollo, urgirá tener un sistema de inteligencia nacional recompuesto, dentro del cual – pese a que la Dirección Nacional de Inteligencia debe (verdaderamente) centralizar la conducción - la Dircote debe constituirse en la punta de lanza de todo el esfuerzo de inteligencia. Dicho de otro modo, todos en apoyo de la Dircote porque no sólo son los que más y mejor conocen del tema, sino que lo demuestran las continuas capturas de terroristas requisitoriados, que realizan a nivel nacional; inequívoca señal de que siguen haciendo bien su trabajo.

Urge también una estrategia de guerra política. Alguna vez conversaba con el recientemente fallecido Michael Radu del Foreign Policy Research Institute de Filadelfia acerca de la teoría maoísta del pez (el guerrillero) y el agua (la población) y cómo las doctrinas contrainsurgentes clásicas hablaban de “quitarle el agua”. El me manifestó: “Tú no le quitas el agua, sino que se la envenenas. Esto sólo se logra a través de la guerra política, incluidas las operaciones psicológicas”. Una estrategia de guerra política contra Sendero no existe en el VRAE, ni por asomo.

Lo que viene dándose en esta zona no es broma, es muy serio. Por el momento constituye una pústula táctica y focalizada, pero que tiene un potencial de (peligrosa) metástasis estratégica que podría – digo, es un decir- regresarnos a épocas oscuras y sangrientas que nadie, en su sano juicio, añora.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Alberto Bolívar Ocampo. Politólogo. Experto en Inteligencia. Egresado del XXXIV Curso de Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Militares (1984), del V Curso de Inteligencia Estratégica en la Escuela de Inteligencia Nacional (1988), del XXI Curso de Planificación y Administración de Recursos para la Defensa (2003), del Curso Avanzado de Terrorismo y Contrainsurgencia (2007), del Curso Avanzado de Política de Defensa (2008) y del Curso Avanzado de Estabilidad y Operaciones de Paz (2009) en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa en Washington, D.C. Catedrático de los cursos de Geopolítica, Estrategia, Inteligencia, Polemología, Análisis Político y Guerra Revolucionaria en el Centro de Altos Estudios Nacionales y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde Noviembre de 2001 es Investigador Asociado del Centro de Terrorismo, Contraterrorismo y Seguridad Interior del Foreign Policy Research Institute de Filadelfia. También es autor del capítulo sobre Perú en el libro Combating Terrorism: Strategies of Ten Countries, Yonah Alexander (editor), The Michigan University Press, 2002. Es presidente ejecutivo de Strategos-Instituto de Análisis y Difusión.