Cuando en 1999 la administración de Bill Clinton aprobó el llamado “Plan Colombia”, fue producto de la grave situación en la que se encontraba la administración de Andrés Pastrana a consecuencia del – aparentemente- incontenible avance, tanto del narcotráfico como de las guerrillas de las FARC y el ELN, que habían arrinconado estratégicamente al gobierno central, temiéndose incluso un desplome del Estado.
Algunos países como el Ecuador ya habían comenzado a tomar medidas concretas: ni bien se firmaron los Acuerdos de Brasilia con el Perú el 26 de Octubre de 1998, 1 de cada 5 efectivos de su ejército (es decir un total de 10,000 efectivos) fue desplazado a la frontera con Colombia; la cancillería ecuatoriana inició conversaciones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Refugiados/ACNUR para el asesoramiento, financiación y puesta en ejecución de un plan destinado a ser aplicado para recibir grandes cantidades de refugiados, ante la eventualidad del derrumbe del Estado colombiano. Antes de dos años, el Ecuador ya estaba preparado para dicho escenario.
En Febrero de 1999, en una presentación ante el Colegio Inter-Americano de Defensa en Washington, D.C., el presidente Alberto Fujimori advirtió sobre “la amenaza que representaba Colombia para la estabilidad regional”, no haciendo distinción alguna entre el Estado y los grupos guerrilleros, palabras que obviamente molestaron mucho a Bogotá. A renglón seguido y con mucha fanfarria, desplazó 2,500 efectivos hacia una frontera de 1,600 kilómetros. Como decía Ernest Hemingway, nunca hay que confundir movimiento con acción. La medida peruana fue puro movimiento, no hubo acción por cuanto en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada NO EXISTIA PLAN OPERATIVO ALGUNO PARA LA FRONTERA CON COLOMBIA. Fue un irresponsable uso político de un tema que –es cierto – sí tenía delicadas implicancias geopolíticas y estratégicas para la región.
Washington tenía serios y fundados motivos para proponer el “Plan Colombia”:
1. Desde el punto de vista geopolítico, Colombia es un país que limita con cinco países (potencial de dispersión y de proyección, dependiendo de si estamos hablando de refugiados o de guerrilleros, respectivamente); es el único país sudamericano efectivamente bioceánico; y por último, es muy cercano al estratégico Canal de Panamá.
2. En términos de narcotráfico, los cárteles de la droga no sólo exportaban más drogas en especial a los Estados Unidos, sino que tenían más poder financiero, hecho que les había permitido penetrar el tejido social y político de ese país.
3. El narcotráfico se había convertido en la principal fuente de ingresos de la guerrilla, ya sea por alianzas o por participación directa, algo que a mediados de la década pasada no quería aceptarse en el Congreso estadounidense – pese a los que sostenían la DEA, la CIA y el Pentágono-, bloqueándose asistencia miliar directa a Colombia porque influyentes legisladores como el senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont), la vetaban, aduciendo que “una cosa era el narcotráfico y otra la guerrilla”.
4. El desplome de Colombia los hubiese obligado a intervenir militarmente, con o sin ayuda de países sudamericanos (algo a lo que dicho sea de paso, se oponía tajantemente el Brasil, por una serie de motivos que analizaremos más adelante.)
La elección de Alvaro Uribe en 2002, su decidida voluntad política y estratégica para combatir frontalmente a la guerrilla y el narcotráfico (en ese orden) y - hay que reconocerlo – importantes cambios doctrinarios y operacionales efectuados por las fuerzas armadas colombianas a partir de mediados de 1999, no sólo contuvieron a la guerrilla, sino que además la pusieron a la defensiva. Pese a ser reelecto en 2006, los críticos de Uribe y del “Plan Colombia”, sostienen que los miles de millones de dólares invertidos, no han disminuido ni debilitado al narcotráfico y no se ha derrotado ni política ni militarmente a la guerrilla. Esta última, en vista de los duros reveses sufridos, ha realizado adaptaciones y modificaciones doctrinarias y operacionales que en ciertos casos sorprendieron a las fuerzas del orden; y el primero de los nombrados se ha desplazado en dirección sur, es decir hacia nuestro país, en donde opera casi sin oposición en las áreas fronterizas (Puca Urco, Caballococha o Pebas), además de que en algunos casos ha establecido “alianzas estratégicas” (término tan manido que está muy de moda últimamente) con los poderosos cárteles mexicanos y en otros casos, ha sido desplazado por éstos e incluso por cárteles peruanos.
Es obvio que en el Perú, Sendero Luminoso ya no constituye la amenaza estratégica –entiéndase amenaza para nuestra viabilidad – porque sus principales líderes están en prisión, porque todavía lame sus heridas y porque está dividido (lo que dificulta una efectiva recomposición, pero para la que están trabajando, aprovechando la ceguera y estupidez estratégicas del sistema, lo que se traduce en los vacíos legales, la lenidad y a veces complicidad de jueces y fiscales, y un ambiente muy “políticamente correcto” que a como dé lugar trata de imponer los “estándares internacionales”.) No obstante, lo que sí podría alcanzar pronto esa categoría es el narcotráfico, no sólo por el incremento de las áreas de cultivo de la coca, el aumento de la producción de cocaína, la masificación del consumo de la misma y de la pasta básica, el peligroso – y poco comentado - aumento de las plantaciones de amapola, el arribo de cárteles colombianos y mexicanos, la aparición de cárteles peruanos, sino también por la base social e influencia política y a veces mediática que está consiguiendo. Diversos analistas especializados en el tema como Jaime Antezana y Fernando Rospigliosi han venido advirtiendo sobre el peligro de que nos convirtamos en una “narcorepública”.
En suma, a diferencia de la Colombia de fines de la década pasada, la amenaza – salvo una efectiva reestructuración y vuelta a la lucha armada por parte de Sendero Luminoso -, viene por el lado de un narcotráfico que actúa en múltiples planos y que cada vez adquiere más fuerza social y política. Es por ello que cabe preguntarnos: ¿Es necesario y factible un “Plan Perú” para nuestro país? ¿Es que no existe la claridad estratégica en nuestras élites para darse cuenta de la magnitud de la amenaza? ¿Es conveniente una masiva participación de Washington, con todas las implicancias que conlleva para otros de nuestros intereses de política exterior, más específicamente nuestras – esas sí, verdaderamente estratégicas- relaciones con el Brasil?
En Febrero de 2001, durante la administración de Valentín Paniagua, los Estados Unidos propusieron un plan de apoyo cívico y militar en la amazonía peruana, que llevaba por nombre “Nuevos Horizontes”, y en la que participarían 200 efectivos militares de ese país. Esto fue rechazado por el entonces congresista izquierdista Javier Diez Canseco, porque sostenía que sería el primer paso para una “invasión a Colombia”. Las actividades se llevarían a cabo en localidades situadas a 1,000 kilómetros de nuestra frontera con ese país, por lo que los argumentos de Diez Canseco eran ridículos, pero aún así fueron frustradas. Cabe señalar que hace unos meses esas actividades se realizaron en zonas deprimidas de Lambayeque y no hubo ningún problema.
Ya desde el año 2002 comenzaba a discutirse sobre la conveniencia de la aplicación de una medida de tantas implicancias geopolíticas, estratégicas, sociales y militares. Más específicamente, durante la visita de George W. Bush a Lima en Marzo de ese año, no llegándose a nada concreto.
Durante la pasada campaña presidencial peruana, el hoy presidente Alan García sí tocó el tema y volvió a reiterarlo en su visita de hace unas semanas a los Estados Unidos. Tanto el lugar como el momento eran propicios: la capital de la superpotencia, la cual está buscando impedir la proyección geopolítica del populismo mesiánico del venezolano Hugo Chávez. En esa misma ocasión, García se refirió al peligro del “fundamentalismo cocalero andino”, para referirse a Bolivia y a Evo Morales, claro peón de Chávez.
Si utilizamos variables de análisis geopolítico, comprenderemos mejor la advertencia que Alan García hizo en Washington respecto al potencial de desestabilización regional de lo que acertadamente denominó “fundamentalismo cocalero andino”. Dicho concepto encierra, a su vez, otros significados:
1. La identificación geográfica del conjunto estratégico andino (o remitiéndonos a Ray Cline, placa politectónica andina), que la inteligencia estadounidense llama el “arco andino de inestabilidad”, y del que somos parte importante por nuestra ubicación, extensión y recursos.
2. Un sentido de “destino manifiesto” (en la línea de lo que Karl Haushofer describió como “pan-ideas vitalizadoras”: el pan-eslavismo, el pan-germanismo y el pan-islamismo; es decir, fuerzas motoras de carácter espiritual, capaces de movilizar a grandes poblaciones y provocar conflictos.)
3. Aunado a esto último, el tomar como estandarte de lucha un producto de restringido uso ancestral, pero de amplio uso delictivo: la coca.
La preocupación es real, por cuanto la clave de la placa politectónica andina – aunque muchos no lo crean – la tiene Bolivia, país por demás importante geopolíticamente hablando. Los bolivianos, no hace mucho se han dado cuenta de ello, alertados por su potencial gasífero y la descarada intromisión, primero política y ahora también militar, de una Venezuela chavista que tiene una clara concepción geopolítica, así como la persistencia estratégica y los medios para intentar conseguir sus objetivos.
El primero que identificó la importancia de Bolivia fue el Capitán del Ejército Brasileño Mario Travassos en su libro Proyección Continental del Brasil (1931.) La describió, de un lado, como país-meseta, vinculado geológicamente a la estructura andina y, del otro, oscilando delante de las cuencas que desgastan sus flancos: la Amazónica (Brasil) y la del Plata (Argentina.) Más importante aún, Travassos identificó en su territorio al cruce de comunicaciones más importante del continente: el triángulo Santa Cruz-Sucre-Cochabamba, advirtiendo: “De todo este examen se puede fijar de un modo categórico el sentido político de Bolivia como el centro geográfico del continente y la causa eventual de conflicto armado, cuya proporción podrá hasta asumir el carácter de una verdadera conflagración” (refiriéndose a la rivalidad argentino-brasileña por influenciar en ese país y dicho sea de paso, una de las causas de su inestabilidad. Tampoco fue casualidad que hace 40 años Fidel Castro enviara al Che Guevara a Bolivia para “incendiar los Andes”, a partir de la locación de ese país.)
Ya no está presente esa rivalidad y el Che hace mucho que se encontró con su Hacedor, pero está un territorio con múltiple potencial (5 vecinos), ya sea de proyección (geopolítica y militar, de ahí las bases venezolanas) o de dispersión (en caso de una guerra civil, algo a lo que – todo lo indica - irremediablemente se encamina. Los argentinos ya están haciendo cálculos y tomando previsiones. Los chilenos, ni lo duden. ¿Y nosotros? Nada. Hace mucho que Relaciones Exteriores y Defensa tendrían que estar previendo probables escenarios y acciones.) Esto no es broma ni política-ficción. Una Bolivia agresiva o desestabilizada, devendrá en amenaza regional.
Es obvio que un eventual “Plan Perú”, independientemente de que apuntaría directamente al corazón de las actividades del narcotráfico (y que suponemos implicaría el libramiento de grandes sumas de dinero sobre todo para proyectos de infraestructura vial, los únicos que podrían ayudar al éxito de la estrategia de sustitución de cultivos porque esas zonas son verdaderos “ghettos geográficos”; para capacitar a la Policía Nacional, para planes de prevención, mayor cooperación de inteligencia, etc., además de una incrementada presencia permanente policial y militar estadounidense) también serviría para ese “gran juego” geopolítico que se está dando entre Washington y Caracas. La posición geopolítica central peruana es clave para una estrategia de contención política a una Bolivia y un Ecuador chavistas. Son servicios estratégicos que Lima bien puede prestar a Washington, a cambio de la aprobación del TLC o por lo menos de una ampliación indefinida del ATPDEA, algo que favorecería el proyecto de Sierra Exportadora.
Por otro lado están nuestras relaciones con el Brasil. La auspiciosa reciente visita de Alan García a ese país, pone de una vez por todas sobre el tapete la adopción de una serie de medidas bilaterales concretas como la construcción de las carreteras interoceánicas sur y norte, la participación peruana en el SIVAM y el SIPAM para controlar nuestros espacios amazónicos, combatir al narcotráfico y proteger al medio ambiente, entre otros), reuniones “2+2” entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países, etc. Todo esto, dentro de la intención peruana de estrechar los lazos con Brasilia para reforzar nuestra estrategia de competencia “amistosa” con Chile, visando su proyección y la de los países del MERCOSUR en dirección al Asia-Pacífico, así como la recepción de lo que de esa zona venga hacia Sudamérica.
Durante el gobierno de Toledo, las relaciones Lima-Brasilia se afectaron negativamente por dos hechos:
- El inconsulto retiro – con Torre Tagle – de nuestro país del llamado G-20 por parte del entonces vicepresidente Raúl Diez Canseco, lo que molestó mucho a los brasileños por ser ellos uno de los principales impulsores (junto con la India y China) de un proyecto que busca erigir contrapesos a los Estados Unidos.
- La realización de las Operaciones Unitas, no en nuestra costa, sino en nuestra amazonía, algo que molestó más a Brasilia que lo del G-20 porque implicaba la presencia de tropas multinacionales en un espacio geopolítico que ellos buscan preservar como su bastión y zona de influencia.
Nos preguntamos: ¿Un “Plan Perú” no conllevaría – como antes se dijo -una incrementada y permanente presencia militar estadounidense en nuestra amazonía? ¿Cuál sería la reacción del Brasil? Salvo que se les incluyera activa y primordialmente, de rechazo total. Esto último podría, a su vez, traducirse en un fortalecimiento de los lazos con Chile y una preferencia para la proyección transpacífica. Por lo pronto, los asesores estratégicos del presidente Lula le han sugerido proponer en 2007 a los países de la región, la creación de unas Fuerzas Armadas Sudamericanas, siguiendo el modelo de la OTAN. En un análisis de Eleonora Gosman, publicado el pasado 19 de Noviembre en el diario Clarín de Buenos Aires, se indicaba que esta propuesta sería consecuencia del “recelo de las Fuerzas Armadas brasileñas, no confesado en voz alta, por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región”. Elaborada por el Núcleo de Asuntos Estratégicos dependiente de la presidencia del Brasil, la propuesta tiene una filosofía bastante definida que fue expresada por un vocero militar: “Esa integración puede tal vez impedir en el futuro una aventura militar o una presión de algún país sobre la región o sobre alguna nación sudamericana”. El objetivo es “una integración militar que permita defender los recursos naturales de la región”, entendiéndose por ello: un volumen de reservas de hidrocarburos más que respetable, es la mayor reserva de agua dulce del planeta y el área es sumamente rica en biodiversidad.
No nos queda sino ir sopesando los aspectos positivos y negativos que tendría un plan que incidiría más allá de nuestros intereses y objetivos, que podría plantear situaciones contradictorias entre los mismos y que por último podría afectar – no sabemos cómo - nuestras relaciones con Washington y Brasilia.
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