Por: Alberto Bolívar Ocampo
Publicado en: Diario Expreso 23/Ene/2009
La semana pasada me referí a las llamadas “técnicas intrusivas”, aquellas que todo Estado –a través de su sistema de inteligencia– necesita usar y monopolizar (al menos en teoría) para hacer frente a una serie de riesgos y amenazas. Dentro de los debidos marcos constitucionales, legales y procesales, dichas técnicas le proporcionan al Estado la capacidad de afectar la privacidad de los ciudadanos; de ahí la necesidad de garantías, límites y controles. Pero, ¿qué debemos entender por privacidad? En su libro Enemies of Intelligence: Knowledge & Power in American Nacional Security (2007, p. 160), Richard Betts sostiene que el término privacidad se refiere a “la limitación de los medios del gobierno para adquirir conocimiento de las asociaciones, comunicaciones y actividades de los individuos”.
El escándalo de las últimas semanas nos demuestra que en nuestro país existen actores privados (empresas) que no sólo no han tenido limitación u obstáculo alguno para adquirir esa clase de conocimiento, sino también para intervenir comunicaciones de altos funcionarios e instituciones del Estado, por lo que debemos colegir que este último es incapaz de (en última instancia) proteger sus propios secretos; es decir, carece de los mínimos mecanismos de contrainteligencia (CI), la que en términos simples es tratar de negar a otro u otros, las capacidades de obtener información que no se quiere se conozca. Así de simple.
La semana pasada me referí a las llamadas “técnicas intrusivas”, aquellas que todo Estado –a través de su sistema de inteligencia– necesita usar y monopolizar (al menos en teoría) para hacer frente a una serie de riesgos y amenazas. Dentro de los debidos marcos constitucionales, legales y procesales, dichas técnicas le proporcionan al Estado la capacidad de afectar la privacidad de los ciudadanos; de ahí la necesidad de garantías, límites y controles. Pero, ¿qué debemos entender por privacidad? En su libro Enemies of Intelligence: Knowledge & Power in American Nacional Security (2007, p. 160), Richard Betts sostiene que el término privacidad se refiere a “la limitación de los medios del gobierno para adquirir conocimiento de las asociaciones, comunicaciones y actividades de los individuos”.
El escándalo de las últimas semanas nos demuestra que en nuestro país existen actores privados (empresas) que no sólo no han tenido limitación u obstáculo alguno para adquirir esa clase de conocimiento, sino también para intervenir comunicaciones de altos funcionarios e instituciones del Estado, por lo que debemos colegir que este último es incapaz de (en última instancia) proteger sus propios secretos; es decir, carece de los mínimos mecanismos de contrainteligencia (CI), la que en términos simples es tratar de negar a otro u otros, las capacidades de obtener información que no se quiere se conozca. Así de simple.
Los altos funcionarios y entidades del Estado han visto comprometidas sus comunicaciones porque ese mismo Estado carece, si no del sistema, de la institución que exclusivamente tendría que encargarse de planificar las medidas pasivas y activas que se traduzcan en lo que Michelle Van Cleave en su Counterintelligence and National Strategy (2007, p.5) denomina “actividades para identificar, evaluar, neutralizar y explotar las actividades y capacidades de inteligencia de potencias extranjeras, grupos terroristas y otras entidades foráneas“(y domésticas, añadiría yo). Estas actividades de inteligencia incluyen –dice la autora– espionaje, recolección técnica, sabotaje, operaciones de influencia y manipulación o interferencia de las actividades de defensa y de inteligencia del país.
En diversas instancias y publicaciones vengo insistiendo desde hace ya varios años en la necesidad de reformular el sistema de inteligencia peruano, separando los ámbitos de la inteligencia externa y los de la contrainteligencia con la creación de una agencia exclusiva para inteligencia externa y (como objetivo de máxima) un sistema nacional de CI, o en su defecto (como objetivo de mínima) una agencia nacional de CI. Seguiríamos, en términos de “división del trabajo”, los ejemplos estadounidense (CIA–FBI), ruso (SVR–FSB), israelí (Mossad–Shin Bet), francés (DGSE–DST) y británico (MI–6/MI–5). No constituyen contrapesos perfectos dentro de una estructura nacional de inteligencia (¿acaso existen?), pero ese sistema es mejor al actual, en el que una sola agencia concentra lo que en su libro Intelligence Power in Peace and War (1996, p.2), Michael Herman denomina “poder de inteligencia”. Si no cambiamos radicalmente, el país seguirá siendo (para cualquiera) un perpetuo festín que permite la (fácil) obtención de información sensible para la seguridad y el desarrollo nacionales.
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