La semana pasada enfoqué mi análisis en los
intangibles del sector, pero bien sean éstos (software) o los tangibles
(hardware), su funcionamiento dependerá de la apropiada asignación de
recursos presupuestales. En el caso de Defensa, es un hecho claro, conocido y
reconocido, que aproximadamente el 95% de su presupuesto es destinado a gastos
corrientes (entiéndase sueldos, luz, agua, teléfonos, etc.) y sólo el 5%
restante va para el mantenimiento, adquisición y reparación de equipos, para el
entrenamiento de personal, y así por el estilo.
Ello determina una dramática conclusión: en términos
operacionales convencionales, las Fuerzas Armadas peruanas son virtualmente
inexistentes. Casi todo el hardware adquirido entre 1966 y 1982 no se
encuentra operativo por razones presupuestales o ya es obsoleto para la guerra
moderna; lo que es más, parte de ese material (póngasele lo que se le ponga),
tal es el caso de nuestros tanques T-55 o los aviones Sukhoi-22, sólo merece
estar en un museo o destinado para reciclaje en la Fundición de Chimbote, como
fue sostenido en esta columna el 24.10.05.
El pasado gobierno decidió los recortes presupuestales
y de personal antes de tener una Política de Defensa que los justificara
racionalmente en términos presupuestales, organizacionales y de estructura de
fuerza, y sobre todo, para la eventualidad de tener que responder a los riesgos
y amenazas que estuvieran contemplados en la misma. Dicho de otro modo, no hubo
lógica para hacerlo, se hicieron las cosas al revés. Fue una lamentable – y
hepática - decisión, motivada por la politización y hechos de corrupción
acaecidos en el sector durante la década pasada, que – he ahí el grave problema – por
desgracia se traduce en el también virtual estado de indefensión en el que se
encuentra el país. Actualmente, el Estado no puede cumplir con el mandato
constitucional (artículo 163°) que “garantiza la seguridad de la Nación
mediante el Sistema de Defensa Nacional” y
nuestras Fuerzas Armadas tampoco tienen cómo cumplir con su finalidad
constitucional (artículo 165°) de “garantizar la independencia, la soberanía y
la integridad territorial de la República”. Si se diera una grave situación de
frente externo – algo que nadie en su sano juicio desea – simplemente no habría
cómo respaldar materialmente gestión diplomática alguna y menos cómo responder en
lo operacional, porque no hay con qué.
De acá surge el gran reto sectorial para el quinquenio
que se inicia: cómo -con imaginación – encontrar las fórmulas que le permitan a
nuestras Fuerzas Armadas recuperar un nivel aceptable de capacidades operacionales
convencionales y, paralelamente desarrollar capacidades no convencionales
(asimétricas, relativamente baratas), las que, en combinación, le puedan
proporcionar al país una postura disuasiva real y creíble, hoy inexistente.
Esto último nunca está de más, porque como decía Voltaire, “Dios es justo, pero
prefiere los batallones mejor pertrechados.”
(*) Alberto Bolívar. Diario La Primera. 07/Set/06
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