¿Quiénes somos?

    Mi foto
    Somos un grupo de investigación en temas de Seguridad y Defensa Nacional.

    Coordinador

    Alberto Bolívar Ocampo. Politólogo. Profesor de Geopolítica en los Institutos Armados, el CAEN y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

    Mapa de visitas

    Número de Visitantes


    Contador Gratis

Armamentismo Chileno: ¿Riesgo o amenaza? (*)



(*) Alberto Bolívar Ocampo Sólo Democracia N° 2, Oct-Nov 2006.

De los riesgos y las amenazas: un marco teórico

Para el especialista canadiense Hal Klepak, es muy importante diferenciar entre qué constituye un riesgo a la seguridad nacional y qué una amenaza. Riesgo es aquella situación o hecho que tiene el potencial de eventualmente poder afectar negativamente los intereses de seguridad de un país. En cambio, una amenaza es aquella situación o hecho que, basados en una apreciación de inteligencia, se ha determinado que por parte de un actor estatal o no estatal, hay la intención manifiesta de afectar intereses vitales. Dicho de otra forma, un riesgo eventualmente podría devenir en amenaza. Dependerá, por un lado, de cómo se vaya configurando la intención hostil y, de otro lado, de la capacidad del sistema de inteligencia nacional para detectar – a tiempo – dicha intención.

A veces se llega a la determinación de la amenaza por el análisis de las capacidades materiales de la otra forma. Por ejemplo, la inteligencia peruana falló estrepitosamente entre 1991 y 1994 para, a partir del sólo análisis de las adquisiciones militares del Ecuador, inferir los cambios en su doctrina combativa y obviamente sus intenciones. Ambos se reflejarían en la gran sorpresa estratégica del Cenepa.

Otras veces, la amenaza se determina por las capacidades de recolección clandestina - el espionaje humano clásico conocido como Humint o el espionaje técnico, sea éste Sigint (señales), Comint (comunicaciones), etc. – que pudiera tener el sistema de inteligencia. Como una lamentable consecuencia de los excesos que en esta rama de la inteligencia se dieron en la década pasada, esas capacidades son actualmente casi nulas en nuestro país y poco es lo que se ha avanzado para reconstituir unas capacidades que funcionaron bien – es cierto – pero para lo que no debían.

En abril de 2002, pocas semanas después del atentado senderista en el centro comercial El Polo, el presidente Alejandro Toledo dispuso como primera medida en su presentación ante el pleno del Congreso: “La acelerada reconstrucción del Sistema de Inteligencia Nacional”. Esto nunca se dio. Lo que es más, muchos de los defectos de corrupción y mal uso de las capacidades de inteligencia de la década anterior se darían desde 2001 hasta 2004, llegándose incluso a bizarras situaciones como la sucedida en marzo de ese último año, cuando el jefe de contrainteligencia de la entonces Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica (DINIE) - que venía a ser el órgano operativo del entonces Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) - fue descubierto entregando informaciones a periodistas de oposición como parte de un complot contra el ministro del Interior Fernando Rospigliosi. El complot fue develado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Fue una verdadera guerra de inteligencia al interior del gobierno de Alejandro Toledo, lapso durante el cual se sucederían ocho presidentes del CNI, inequívoca señal de que algo siempre anduvo mal en un campo tan importante para nuestra seguridad nacional.

En nuestro país, tradicionalmente la doctrina de las Fuerzas Armadas ha considerado como pre-requisito para iniciar el planeamiento de sus planes de contingencia (recordemos que no existen Hipótesis de Guerra con Chile desde 1986 y con Ecuador desde 1999), la determinación de amenazas. Esta tendencia a referirse sólo a la existencia de amenazas, ha persistido en el Libro Blanco de la Defensa Nacional del Perú (2005), documento oficial en el cual está contenida la Política de Estado para la Seguridad y la Defensa Nacional.

En su página 63, el Libro Blanco identifica dos clases de lo que considera son amenazas. Veamos:

Amenazas Externas

a) Las que podrían generarse si se intentaran aplicar en la subregión sudamericana doctrinas de seguridad incompatibles con la vigencia del derecho internacional.

b) Las que podrían surgir de crisis en función de escasez de recursos naturales de valor estratégico, tales como recursos vitales.

c) El terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia internacional.

Amenazas Internas

a) Grupos terroristas y subversivos, contrarios al ordenamiento constitucional, que optan por la violencia.

b) Grupos radicales que promueven la violencia social y desbordes populares.

c) Delincuencia común organizada.

d) Tráfico ilícito de drogas.

e) Corrupción.

f) Depredación del medio ambiente.

Un cambio importante se produjo con la dación, por parte del Congreso, de la Ley 28664 del 29 de diciembre de 2005, publicada el 4 de enero de 2006, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Este dispositivo legal sí considera en su artículo 3° a “las amenazas y riesgos actuales y potenciales, que puedan afectar la seguridad nacional y el ordenamiento constitucional de la República”.

¿Por qué es importante el buen manejo conceptual de lo que constituye un riesgo y lo que constituye una amenaza? Porque cuando a todo lo denominamos “amenaza” – máxime cuando sabemos que desgraciadamente el SINA no funciona -, corremos el riesgo (valga el uso del término) de tomar una apresurada y poco sustentada decisión y a realizar un también apresurado planeamiento que va a significar un alto costo presupuestal. Si, pese a no tener la inteligencia precisa, decimos que tal situación es una amenaza, entonces quiere decir que estamos ante un peligro inminente (en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, los estadounidenses se refieren a esto como a clear and present danger) que debe ser afrontado ya, de inmediato. Es lo que le pasó a estos últimos para decidirse a invadir Irak en marzo de 2003.

Es importante que volvamos al Libro Blanco. Dentro de las Amenazas Externas, incluso por la forma como han sido redactadas, uno puede inferir que las dos primeras no son amenazas sino riesgos. En a) se están refiriendo a la posibilidad de que se apliquen en Sudamérica doctrinas y concepciones de seguridad como la mal llamada Doctrina de la Guerra Preventiva. Digo mal llamada porque si revisamos la importante obra del pensador estratégico francés André Beaufré, Disuasión y Estrategia (Editorial Pleamar: Buenos Aires,1980), para distinguir entre ataque preventivo y ataque preemptivo.

En la página 39, el autor hace la distinción: un ataque preventivo se da cuando existe iniciativa completa por parte del agresor, es decir, cuando no media una escalada de tensiones. En los últimos 66 años sólo se ha dado un caso, que es el absolutamente sorpresivo cruce norcoreano del paralelo 38 el 25 de junio de 1950. En cambio, el preemptivo se da cuando se trata de prevenir una iniciativa enemiga que se estime inminente, tal fue el caso de la Guerra de los Seis Días en 1967. Había tensiones entre los países árabes e Israel y como la inteligencia de este último tuvo conocimiento que iba a ser atacado la primera semana de junio, decidió anticiparse y atacar primero el día 5. En el antes citado documento estadounidense de 2002, se indica que ante la posibilidad de una amenaza se podrá actuar preemptivamente para impedir la materialización de la misma. Este fue el sustento doctrinario para invadir Irak, aduciendo la existencia de armas de destrucción masiva que se estimaba “pronto estarían operativas”.

En este punto, nuestra inteligencia – es obvio – que no tiene las capacidades humanas y técnicas para conocer si existe intención alguna por parte de Washington, para intervenir en Sudamérica, por ejemplo, aduciendo que las plantaciones de coca constituyen una amenaza a su seguridad, que pronto los cocaleros serán demasiado fuertes y que por ello es menester actuar ahora in situ. Claro que teóricamente, el riesgo está, mas no constituye una amenaza en el sentido de que una acción de ese tipo sería inminente.

Y en b), también por la forma como ha sido redactada, están implícitos el riesgo y la mención a recursos naturales como el agua y el gas natural de los que, sabemos, carece Chile, tal como veremos un poco más adelante.

El resto de amenazas externas e internas consignadas en ese documento oficial sí pueden catalogarse como tales porque son una realidad que nos afecta negativamente, en algunos casos desde hace décadas, como son los casos del narcotráfico y el terrorismo, por citar dos casos puntuales.

La anterior administración, inexplicablemente desde el inicio puso a Chile como nuestro principal referente de política exterior, sin tomar en cuenta que una simple mirada al mapa nos indicaba que Perú y Brasil son los ejes centrales interoceánicos naturales, respecto a la –hoy debilitada- Comunidad Andina y el MERCOSUR, en sus potenciales proyecciones hacia la Cuenca del Pacífico; que desde la Cumbre Presidencial Sudamericana de Brasilia el 2000, ese país quedó reconocido como el principal referente político y estratégico del subcontinente, tanto así que busca representarlo con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU; que junto a Rusia, India y China –el ahora llamado BRIC-, ya se le vislumbraba como una de las grandes potencias económicas del siglo XXI. No obstante esas claras evidencias geopolíticas, inexplicablemente fue el presidente Ricardo Lagos y no el presidente Henrique Cardoso del Brasil, quien permaneció tres días en visita oficial, recién inaugurada esta administración. ¿Por qué el sistema de inteligencia y Torre Tagle no advirtieron a Toledo de las múltiples aristas que contenía la relación con Santiago? Veamos: 1. El tema de la solución a la anomalía limítrofe marítima. 2. El creciente armamentismo chileno, anteponiéndose al triste casi ruego peruano por frenarlo. 3. La carrera por atraer la exportación del gas boliviano, fuera por Ilo o por Patillos. 4. La competencia entre los puertos peruanos y chilenos. 5. La mediterraneidad de Bolivia.

La primera gran desavenencia pública vino cuando Toledo se molestó porque Santiago había confirmado la compra de 10 cazabombarderos F-16 en los Estados Unidos, por un valor de US $ 660 millones. Claro que en ese momento (2002) ni nos imaginábamos que tres años más tarde adquirirían en Holanda otros 28 F-16, de segunda mano (los primeros 6 fueron recibidos por Bachelet el último 9 se septiembre). La molestia fue porque con total falta de sentido de la realidad, Toledo quería que Chile sólo comprase “armas defensivas”. ¿Cuál es la diferencia entre un arma ofensiva y una defensiva? En términos simples, depende de cómo le vaya a uno en la guerra. Si le va mal y está en retirada, sus armas ofensivas ya se convirtieron en defensivas.

Además de irreal, la propuesta de Toledo era ridícula. Bastaba leer el ilustrativo artículo “La Disuasión Convencional”, escrito por el Brigadier ® Jaime García Covarrubias del Ejército de Chile, en la edición hispanoamericana de la revista estadounidense “Military Review” de Marzo-Abril 2001, en el que señalaba sin ambages: “La primera capacidad que deben tener las FF.AA. para lograr rasgo disuasivo, es capacidad ofensiva. En efecto, la disuasión en términos concretos es la factibilidad potencial de emplearse ofensivamente, causando como mínimo efecto, ´daño´ a infraestructura vital del adversario. De esta forma, se les reconocerán las consabidas capacidades de ´represalia´ y de ´respuesta´ al año infligido. Por ello, las fuerzas deberán contar con el material necesario y suficiente, de manera que su sola existencia, refleje aptitud e intención ofensiva. Asimismo, la organización y el balanceamiento de las fuerzas deben indicar la capacidad que mencionamos.” Pero a continuación viene lo más revelador del artículo de García Covarrubias cuando dice: “Entre el material con que deben contar unas FF.AA. que esperan tener rasgo disuasivo, se encuentran los blindados e infantería mecanizada, aviones de un radio de acción tal que sean capaces de batir objetivos a distancia, y buques con capacidad de ataque y destrucción. Todos, ingenios netamente ofensivos”. Como podrá haber apreciado el lector, mientras el Perú se desgañitaba hablando de comprar sólo “armas defensivas”, Chile compraba armas claramente ofensivas.

Otro punto ilustrativo es cuando se refiere al concepto estratégico chileno: “Rápido, Fuerte y Lejos”. Es decir, las armas ofensivas para usarlas rápido, fuerte y lejos, en ofensivas tipo blitzkrieg (guerra relámpago), algo que no es nada nuevo en su doctrina. Revisando mis archivos, encontré el recorte de una noticia publicada en el diario Correo de Lima el sábado 21 de mayo de 1983: “Chile Está Listo Para Guerra Relámpago Contra Argentina”. Un despacho de la agencia ANSA desde Buenos Aires, informaba que la inteligencia argentina había obtenido informes sobre los planes del Ejército chileno para que, en caso de un conflicto entre ambos países, estar en condiciones de ocupar territorio argentino al sur de Buenos Aires en un avance relámpago de una semana: la Patagonia hasta Bahía Blanca – 700 kilómetros al sur de la capital - e incluso localidades en las cercanías de Mar del Plata.

¿Por qué compra armas Chile? La pregunta es redundante porque nunca dejó de comprar y jamás dejará de hacerlo. Así de simple.

Recuerdo que la primera vez que leí algo sobre el tema fue en el libro Chile prepara otra guerra (1970) de Eleodoro Ventocilla, en el que denunciaba la compra de armas por 250 millones de dólares en 1968. Debe tomarse en cuenta que desde 1943 las fuerzas armadas de ese país cuentan con ingresos extraordinarios por la Ley Reservada del Cobre, que les otorga el 10% del producto de las exportaciones de ese metal (US $ 750 millones en 2005 y un aproximado de US $ 1,500 millones para el presente año, tema que se ventiló públicamente durante la masiva y extensa protesta escolar, a dos meses de inaugurado el gobierno de Michelle Bachelet).

Siendo Comandante General del Ejército de Chile, Augusto Pinochet viajó a Moscú en enero de 1973 y concretó la compra de, entre otros equipos y sistemas de armas, 350 tanques T-55, tal como lo reveló el general retirado de la KGB Nikolai Leonov – quien en ese entonces dirigía la Sección Latinoamericana de esa agencia de inteligencia- en "Traición en Santiago", documental propalado hace tres años por The History Channel. Ese material estaba en medio del Océano Pacífico cuando se da el golpe de estado del 11 de septiembre, motivo por el cual la inteligencia soviética recomienda que fuera ofrecido con grandes facilidades de pago a "otro país", es decir, al Perú. En otras palabras, no importa el signo ideológico del gobierno ni que sea dictadura o democracia, los chilenos nunca descuidaron su defensa nacional.

La abrumadora superioridad peruana, obtenida con armas soviéticas que inicialmente estaban destinadas a Chile, lo obligan a acelerar sus compras entre 1975 y 1977, adquiriendo sus cazas F5-E y Mirage-50 en EE.UU. y Francia, respectivamente. En 1977 se da la enmienda Kennedy-Edwards, que prohibe la venta de armas a Chile por violaciones de derechos humanos. Comienzan a comprar en otros mercados "no tradicionales" como Sudáfrica, Israel y Taiwán, además de incentivar el desarrollo de la industria militar nacional, cuyo máximo exponente serían las industrias Cardoen. La prestación de servicios estratégicos a Gran Bretaña en el conflicto Falklands/Malvinas también les supuso ser recompensados posteriormente con navíos de guerra baratos. En otro gran logro tecnológico interno, a fines de los ochenta pudieron modernizar su flota de cazas.

El proceso de depreciación estratégica en el que caemos desde 1989 hace que en poco tiempo se rompa el equilibrio estratégico. Interrogado Pinochet por un grupo de periodistas cuando el conflicto del Cenepa en 1995 para que compare las capacidades militares de Chile y Perú, responde: "Mejor pídanme de Chile y Madagascar". Sobran los comentarios.

A mediados de los noventa adquieren un avión AWACS – el “Cóndor” - en Israel por US $ 50 millones (lo que les permite controlar, interferir e interceptar todo el espectro electromagnético en 600 kilómetros a la redonda de donde se le ubique, habiendo recientemente convocado a licitación internacional para la compra de un satélite para uso civil y militar) y en agosto de 1997, cuando Clinton levanta la prohibición de vender armas sofisticadas a la región y así poder ofrecer los F-16, hay sorpresa en círculos especializados porque incluso sin esos aviones, ese país ya estaba en condiciones de enfrentar y derrotar simultáneamente a sus tres vecinos. "Sería una pequeña operación ´Tormenta del Desierto´, ni siquiera se darían cuenta qué les pasó por encima", me manifestó un especialista estadounidense.

Siempre con una lógica de interoperacionalidad, por esa misma época empezaron a interesarse en los - ya adquiridos - tanques Leopard-I (pronto a ser reemplazados por Leopard-II de segunda mano en Holanda). Decidieron renovar también su Armada, lo que concretan con los submarinos Scorpene, las fragatas usadas holandesas y británicas, y los misiles Harpoon.

Con los Scorpene, en caso de un conflicto, la flota peruana no podría salir a navegar, repitiéndose – en versión convencional – el mismo efecto que la presencia de dos submarinos nucleares británicos tuvo sobre la flota argentina durante la guerra de las Malvinas/Falklands en 1982. Los buques de superficie chilenos están dotados de misiles superficie-superficie y antiaéreos, así como de extraordinarias capacidades de guerra electrónica y antisubmarina. Los 350 Leopard-I y II, más otros 400 blindados ligeros de varias clases, les permitiría estar en condiciones de realizar una gran ofensiva terrestre apoyada por su Fuerza Aérea y su artillería de largo alcance. Muy importante también es que desde el punto de vista organizacional y doctrinario, para el año 2010 –año de su Bicentenario -, sus FFA.AA. alcanzarán el estándar militar OTAN, con lo que estarán en condiciones de interoperar con cualquier fuerza armada de la alianza atlántica.

¿Pero, por qué siguen comprando? No habían pasado 2 meses de la a todas luces auspiciosa visita del entonces presidente electo Alan García a Chile, ni una semana de la visita de la presidenta Bachelet a Lima para la toma de mando de García, de haber sido invitada de honor en la parada militar – en la que entonó nuestro Himno Nacional -, cuando el 2 de agosto se informaba desde Santiago que su país había comprado al consorcio europeo EADS misiles antiaéreos Sea Wolf 2 y antibuques Exocet SM-39 (la Armada de Chile admitió la compra, pero no quiso precisar, aduciendo razones de seguridad, la cantidad ni el precio del armamento; preguntándonos: ¿dónde quedó la tan citada “transparencia”?), además de admitir también que estudia “con interés” la compra de cuatro aviones radar o de alerta temprana E-2C Hawkeye, se segunda mano, a los EE.UU.

Poco después que nuestros flamantes ministros de Relaciones Exteriores y Defensa dieran una serie de declaraciones en las que reconfirmaban la voluntad de la actual administración para recomponer las relaciones entre los dos países, el General Oscar Izurieta, Comandante General del Ejército chileno, declaraba el sábado 5 de agosto a El Mercurio: “Seguramente va a aumentar la inversión chilena en el Perú (de hecho, fue de US $ 270 millones en el primer semestre de este año), pero mi mero instinto político estratégico me dice que algún desencuentro, alguna diferencia vamos a tener.” Estas expresiones – claras, concretas y concisas – las interpreto como un baldazo de realismo dirigido – por si acaso- a su presidenta y a nuestros ministros José Antonio García Belaunde y Allan Wagner. No expresa más que una forma de pensar que no ha variado un ápice desde 1989 a la fecha y que a su vez representa cómo piensan sectores importantes en Chile.

En ese año, el entonces Teniente Coronel Oscar Izurieta Ferrer sustentó una tesis conjunta con el Coronel Juan C. Salgado Brocal para optar al grado académico de Magíster en Ciencia Política, con mención en Relaciones Internacionales, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿El título? “Las Relaciones Bilaterales Chileno-Peruanas Contemporáneas: Un Enfoque Realista”, que como parte de la Biblioteca Militar sería publicada en 1992 por el Departamento Comunicacional de la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile. Una de sus conclusiones (página 226) es que “el armamentismo peruano, especialmente entre 1968 y 1980, que llevó a ese país a configurar un poder militar sobredimensionado de carácter ofensivo (el subrayado es nuestro), el que representa hasta hoy una seria amenaza para Chile, más aun dentro del complejo cuadro del ambiente contiguo” (por esto último se refiere a Ecuador y Bolivia.)

¿Cambiando los nombres no podríamos hoy referirnos en los mismos términos a las exageradas y constantes compras militares chilenas?

Lo cierto es que implícitos en las palabras de Izurieta están algunos hipotéticos escenarios de tensión bilateral:

a) Reanudación de las tensiones Lima-Santiago por el tema de la delimitación marítima

b) El otorgamiento por parte de Chile a Bolivia de un corredor – no sabemos si totalmente soberano – al norte de Arica, paralelo a la Línea de la Concordia y una respuesta negativa del Perú, amparándose en el artículo 1° del Protocolo Complementario al Tratado de 1929.

c) La agudización de los problemas energéticos chilenos – gas – y presiones a Perú y Bolivia para que satisfagan sus necesidades.

d) La dinamización y fortalecimiento del sur peruano – en detrimento del norte chileno - como consecuencia de la interoceánica sur, el proyecto Sierra Exportadora, el mega puerto en Tacna y la zona franca de Puno.

Paradójicamente, es en el campo económico y comercial que las relaciones peruano-chilenas van muy bien:

- Balanza comercial favorable a nosotros el 2005: exportamos productos a Chile por un total de US $ 1,124 millones e importamos US $ 644 millones.

- Inversiones chilenas por US $ 4,500 millones.

- La reciente aprobación de un Tratado de Complementación Económica entre los dos países.

- Probable reingreso de Chile a la CAN.

Esto quiere decir que para sectores de la sociedad chilena – empezando por sus FF.AA. – subsisten percepciones de riesgo y amenaza que, pese a los avances en el campo antes mencionado, tienen más peso al momento de conducir las relaciones bilaterales.

En 1996, la especialista estadounidense Wendy Hunter dio a conocer en su estudio State and Soldier in Latin America: Redefining the Military´s Role in Argentina, Brazil and Chile (publicado por The United States Institute of Peace, que es un organismo oficial de ese país), un hecho revelador: citó en la página 29 a un oficial del ejército de su país, que pidió no ser identificado, y que en 1992 había participado en ejercicios conjuntos con el ejército chileno, quien le señaló que “los oficiales chilenos estaban obsesionados por pelear una guerra”. Lo preocupante es que los oficiales con los que debe haber interactuado el estadounidense, hace 14 años debían estar en el rango de tenientes coroneles y coroneles, es decir, que en la actualidad varios de ellos ya deben ser generales.

Desde hace 20 años los altos mandos militares de Perú y Chile se reúnen, supuestamente como “medidas de fomento de la confianza”, es decir, reducir esas percepciones de riesgo y amenaza. Pregunto: ¿en estas dos últimas décadas ha dejado Chile de comprar armas? ¿Ha disminuido su presupuesto militar? La respuesta es NO (así, en mayúsculas). No lo ha hecho y – no seamos necios – jamás dejará de hacerlo.

La verdad es que las percepciones de riesgo y amenaza que en subsisten en el vecino del sur – para estar a tono con las palabras de Izurieta – son totalmente irreales porque en el campo estratégico y militar, más débiles que ahora, jamás hemos estado. Puesto de otro modo: no representamos una amenaza militar para Chile ni para nadie. El problema estriba en que para ellos, parece que sí lo seguimos siendo.

Situación de las Fuerzas Armadas peruanas

En términos operacionales convencionales, las FF.AA. peruanas son virtualmente inexistentes. De darse un conflicto externo, no tendrían cómo apoyar materialmente gestión diplomática alguna y menos cómo afrontarlo operacionalmente, simplemente porque no hay con qué. Todo el parque militar comprado entre 1966 y 1982, y en 1996 se encuentra obsoleto para la guerra moderna o simplemente inoperativo por falta de fondos para su mantenimiento, reparación y modernización. Es lo que el ministro de Defensa Allan Wagner públicamente reconoció el 7 de agosto pasado.

¿Cuántos tanques T-55 tiene operativos el EP? Con suerte, 50 y póngaseles lo que se le ponga no tendrían oportunidad alguna contra – digo, es un decir - los Leopard-I y II chilenos. ¿Cuántos helicópteros operativos tiene la Aviación del EP? De los 26 MI-17, sólo uno.

Según el analista estadounidense Daniel Brousek de la agencia UPI, citado en La Razón del 5 de agosto pasado, el 77% de los aviones de la FAP no está en condiciones de combatir, en una época en que las victorias en las guerras están garantizadas para quienes cuentan con una poderosa flota aérea. Señala Brousek que de las 113 aeronaves con las que cuenta, sólo 26 pueden entrar en combate ¿Cuántos de los 12 Mirage-2000 están operativos? Tres. ¿Cuántos de los 19 Mig-29? Cuatro. ¿Cuántos de los Sukhoi-25? Cinco. ¿Cuántos de los 14 helicópteros MI-17? Cuatro. ¿Y de los helicópteros blindados MI-25? Ninguno. ¿Cuántos Sukhoi-22? Dos. Se habla también de la probable firma de un convenio con Francia para repotenciar los Mirage-2000. La pregunta que muchos expertos se hacen es: ¿debemos dedicar recursos al mantenimiento de un tipo de avión tan caro o enfocarnos en los Mig-29 y Sukhoi-25?

Según ese analista, en nuestra Armada, la remotorización de las 6 corbetas sólo alcanzó a dos unidades. Todos nuestros submarinos requieren de una modernización y de la instalación de misiles antibuque. Siempre debemos tener en cuenta que nuestra Fuerza de Submarinos siempre fue lo verdaderamente disuasivo respecto a Chile en el mar.

¿Qué hacer?

Son varios los pasos y decisiones por tomar:

- aunque parezca redundante, que exista la decisión política para iniciar el proceso de recuperación de las capacidades operacionales convencionales

- que las FF.AA., de forma conjunta y basándose en la política de seguridad y defensa nacional, diseñen un plan razonable y factible de repotenciación, modernización e incluso de adquisiciones de equipos, teniendo en cuenta la realidad fiscal del país, aunque me temo que los US 650 millones que en cinco años se espera gastar para este propósito, van a ser insuficientes

- que las FF.AA. diseñen una doctrina de estrategia disuasiva basada en los principios de la guerra asimétrica, privilegiando el uso de tácticas y sistemas de armas imaginativos, no convencionales, baratos, pero altamente letales

- que verdaderamente funcione el Sistema de Inteligencia Nacional

- que se vean formas imaginativas para incrementar el exiguo Fondo de Defensa Nacional

- para ver la forma de lograr un mínimo de autoabastecimiento y establecer los lineamientos que permitan la concertación prioritaria de la industria privada con la defensa nacional, rescatar a la poca conocida Concertación Industrial para la Defensa Nacional (CONCIDE), creada mediante Decreto Supremo N° 067-82-ITI-IND, Reglamento del Capítulo VI de la Ley N° 23407, a su vez reglamentada por Resolución Suprema N° 056-83-ITI-IND

- proponer la ampliación del convenio firmado el 2005 con la Federación Rusa que contemplaba la repotenciación sólo de helicópteros y aviones de transporte, también a los Mig-29 (Olvidémonos de los Sukhoi-22, son piezas de museo)

- revertir el déficit del componente humano de nuestro poderío militar, modificando la Ley del Servicio Militar Voluntario para atraer personal en base a los incentivos pecuniarios, educacionales y de prestaciones familiares de salud que se ofrezcan.

Ante el innegable riesgo que representan las compras militares chilenas, a nuestro país no le queda sino – he ahí el gran reto del sector Defensa para el quinquenio que se inicia – buscar con imaginación las fórmulas que le permitan a nuestras Fuerzas Armadas recuperar un nivel aceptable de capacidades operacionales convencionales y paralelamente desarrollar capacidades no convencionales (asimétricas, relativamente baratas), que en combinación le puedan proporcionar al país una postura disuasiva real y creíble, hoy inexistente. Es lo más realista y prudente que podemos y debemos hacer.


¿Es viable el diseño un “Plan Perú” similar al de Colombia? (*)



Cuando en 1999 la administración de Bill Clinton aprobó el llamado “Plan Colombia”, fue producto de la grave situación en la que se encontraba la administración de Andrés Pastrana a consecuencia del – aparentemente- incontenible avance, tanto del narcotráfico como de las guerrillas de las FARC y el ELN, que habían arrinconado estratégicamente al gobierno central, temiéndose incluso un desplome del Estado.

Algunos países como el Ecuador ya habían comenzado a tomar medidas concretas: ni bien se firmaron los Acuerdos de Brasilia con el Perú el 26 de Octubre de 1998, 1 de cada 5 efectivos de su ejército (es decir un total de 10,000 efectivos) fue desplazado a la frontera con Colombia; la cancillería ecuatoriana inició conversaciones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Refugiados/ACNUR para el asesoramiento, financiación y puesta en ejecución de un plan destinado a ser aplicado para recibir grandes cantidades de refugiados, ante la eventualidad del derrumbe del Estado colombiano. Antes de dos años, el Ecuador ya estaba preparado para dicho escenario.

En Febrero de 1999, en una presentación ante el Colegio Inter-Americano de Defensa en Washington, D.C., el presidente Alberto Fujimori advirtió sobre “la amenaza que representaba Colombia para la estabilidad regional”, no haciendo distinción alguna entre el Estado y los grupos guerrilleros, palabras que obviamente molestaron mucho a Bogotá. A renglón seguido y con mucha fanfarria, desplazó 2,500 efectivos hacia una frontera de 1,600 kilómetros. Como decía Ernest Hemingway, nunca hay que confundir movimiento con acción. La medida peruana fue puro movimiento, no hubo acción por cuanto en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada NO EXISTIA PLAN OPERATIVO ALGUNO PARA LA FRONTERA CON COLOMBIA. Fue un irresponsable uso político de un tema que –es cierto – sí tenía delicadas implicancias geopolíticas y estratégicas para la región.

Washington tenía serios y fundados motivos para proponer el “Plan Colombia”:

1. Desde el punto de vista geopolítico, Colombia es un país que limita con cinco países (potencial de dispersión y de proyección, dependiendo de si estamos hablando de refugiados o de guerrilleros, respectivamente); es el único país sudamericano efectivamente bioceánico; y por último, es muy cercano al estratégico Canal de Panamá.

2. En términos de narcotráfico, los cárteles de la droga no sólo exportaban más drogas en especial a los Estados Unidos, sino que tenían más poder financiero, hecho que les había permitido penetrar el tejido social y político de ese país.

3. El narcotráfico se había convertido en la principal fuente de ingresos de la guerrilla, ya sea por alianzas o por participación directa, algo que a mediados de la década pasada no quería aceptarse en el Congreso estadounidense – pese a los que sostenían la DEA, la CIA y el Pentágono-, bloqueándose asistencia miliar directa a Colombia porque influyentes legisladores como el senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont), la vetaban, aduciendo que “una cosa era el narcotráfico y otra la guerrilla”.

4. El desplome de Colombia los hubiese obligado a intervenir militarmente, con o sin ayuda de países sudamericanos (algo a lo que dicho sea de paso, se oponía tajantemente el Brasil, por una serie de motivos que analizaremos más adelante.)

La elección de Alvaro Uribe en 2002, su decidida voluntad política y estratégica para combatir frontalmente a la guerrilla y el narcotráfico (en ese orden) y - hay que reconocerlo – importantes cambios doctrinarios y operacionales efectuados por las fuerzas armadas colombianas a partir de mediados de 1999, no sólo contuvieron a la guerrilla, sino que además la pusieron a la defensiva. Pese a ser reelecto en 2006, los críticos de Uribe y del “Plan Colombia”, sostienen que los miles de millones de dólares invertidos, no han disminuido ni debilitado al narcotráfico y no se ha derrotado ni política ni militarmente a la guerrilla. Esta última, en vista de los duros reveses sufridos, ha realizado adaptaciones y modificaciones doctrinarias y operacionales que en ciertos casos sorprendieron a las fuerzas del orden; y el primero de los nombrados se ha desplazado en dirección sur, es decir hacia nuestro país, en donde opera casi sin oposición en las áreas fronterizas (Puca Urco, Caballococha o Pebas), además de que en algunos casos ha establecido “alianzas estratégicas” (término tan manido que está muy de moda últimamente) con los poderosos cárteles mexicanos y en otros casos, ha sido desplazado por éstos e incluso por cárteles peruanos.

Es obvio que en el Perú, Sendero Luminoso ya no constituye la amenaza estratégica –entiéndase amenaza para nuestra viabilidad – porque sus principales líderes están en prisión, porque todavía lame sus heridas y porque está dividido (lo que dificulta una efectiva recomposición, pero para la que están trabajando, aprovechando la ceguera y estupidez estratégicas del sistema, lo que se traduce en los vacíos legales, la lenidad y a veces complicidad de jueces y fiscales, y un ambiente muy “políticamente correcto” que a como dé lugar trata de imponer los “estándares internacionales”.) No obstante, lo que sí podría alcanzar pronto esa categoría es el narcotráfico, no sólo por el incremento de las áreas de cultivo de la coca, el aumento de la producción de cocaína, la masificación del consumo de la misma y de la pasta básica, el peligroso – y poco comentado - aumento de las plantaciones de amapola, el arribo de cárteles colombianos y mexicanos, la aparición de cárteles peruanos, sino también por la base social e influencia política y a veces mediática que está consiguiendo. Diversos analistas especializados en el tema como Jaime Antezana y Fernando Rospigliosi han venido advirtiendo sobre el peligro de que nos convirtamos en una “narcorepública”.

En suma, a diferencia de la Colombia de fines de la década pasada, la amenaza – salvo una efectiva reestructuración y vuelta a la lucha armada por parte de Sendero Luminoso -, viene por el lado de un narcotráfico que actúa en múltiples planos y que cada vez adquiere más fuerza social y política. Es por ello que cabe preguntarnos: ¿Es necesario y factible un “Plan Perú” para nuestro país? ¿Es que no existe la claridad estratégica en nuestras élites para darse cuenta de la magnitud de la amenaza? ¿Es conveniente una masiva participación de Washington, con todas las implicancias que conlleva para otros de nuestros intereses de política exterior, más específicamente nuestras – esas sí, verdaderamente estratégicas- relaciones con el Brasil?

En Febrero de 2001, durante la administración de Valentín Paniagua, los Estados Unidos propusieron un plan de apoyo cívico y militar en la amazonía peruana, que llevaba por nombre “Nuevos Horizontes”, y en la que participarían 200 efectivos militares de ese país. Esto fue rechazado por el entonces congresista izquierdista Javier Diez Canseco, porque sostenía que sería el primer paso para una “invasión a Colombia”. Las actividades se llevarían a cabo en localidades situadas a 1,000 kilómetros de nuestra frontera con ese país, por lo que los argumentos de Diez Canseco eran ridículos, pero aún así fueron frustradas. Cabe señalar que hace unos meses esas actividades se realizaron en zonas deprimidas de Lambayeque y no hubo ningún problema.

Ya desde el año 2002 comenzaba a discutirse sobre la conveniencia de la aplicación de una medida de tantas implicancias geopolíticas, estratégicas, sociales y militares. Más específicamente, durante la visita de George W. Bush a Lima en Marzo de ese año, no llegándose a nada concreto.

Durante la pasada campaña presidencial peruana, el hoy presidente Alan García sí tocó el tema y volvió a reiterarlo en su visita de hace unas semanas a los Estados Unidos. Tanto el lugar como el momento eran propicios: la capital de la superpotencia, la cual está buscando impedir la proyección geopolítica del populismo mesiánico del venezolano Hugo Chávez. En esa misma ocasión, García se refirió al peligro del “fundamentalismo cocalero andino”, para referirse a Bolivia y a Evo Morales, claro peón de Chávez.

Si utilizamos variables de análisis geopolítico, comprenderemos mejor la advertencia que Alan García hizo en Washington respecto al potencial de desestabilización regional de lo que acertadamente denominó “fundamentalismo cocalero andino”. Dicho concepto encierra, a su vez, otros significados:

1. La identificación geográfica del conjunto estratégico andino (o remitiéndonos a Ray Cline, placa politectónica andina), que la inteligencia estadounidense llama el “arco andino de inestabilidad”, y del que somos parte importante por nuestra ubicación, extensión y recursos.

2. Un sentido de “destino manifiesto” (en la línea de lo que Karl Haushofer describió como “pan-ideas vitalizadoras”: el pan-eslavismo, el pan-germanismo y el pan-islamismo; es decir, fuerzas motoras de carácter espiritual, capaces de movilizar a grandes poblaciones y provocar conflictos.)

3. Aunado a esto último, el tomar como estandarte de lucha un producto de restringido uso ancestral, pero de amplio uso delictivo: la coca.

La preocupación es real, por cuanto la clave de la placa politectónica andina – aunque muchos no lo crean – la tiene Bolivia, país por demás importante geopolíticamente hablando. Los bolivianos, no hace mucho se han dado cuenta de ello, alertados por su potencial gasífero y la descarada intromisión, primero política y ahora también militar, de una Venezuela chavista que tiene una clara concepción geopolítica, así como la persistencia estratégica y los medios para intentar conseguir sus objetivos.

El primero que identificó la importancia de Bolivia fue el Capitán del Ejército Brasileño Mario Travassos en su libro Proyección Continental del Brasil (1931.) La describió, de un lado, como país-meseta, vinculado geológicamente a la estructura andina y, del otro, oscilando delante de las cuencas que desgastan sus flancos: la Amazónica (Brasil) y la del Plata (Argentina.) Más importante aún, Travassos identificó en su territorio al cruce de comunicaciones más importante del continente: el triángulo Santa Cruz-Sucre-Cochabamba, advirtiendo: “De todo este examen se puede fijar de un modo categórico el sentido político de Bolivia como el centro geográfico del continente y la causa eventual de conflicto armado, cuya proporción podrá hasta asumir el carácter de una verdadera conflagración” (refiriéndose a la rivalidad argentino-brasileña por influenciar en ese país y dicho sea de paso, una de las causas de su inestabilidad. Tampoco fue casualidad que hace 40 años Fidel Castro enviara al Che Guevara a Bolivia para “incendiar los Andes”, a partir de la locación de ese país.)

Ya no está presente esa rivalidad y el Che hace mucho que se encontró con su Hacedor, pero está un territorio con múltiple potencial (5 vecinos), ya sea de proyección (geopolítica y militar, de ahí las bases venezolanas) o de dispersión (en caso de una guerra civil, algo a lo que – todo lo indica - irremediablemente se encamina. Los argentinos ya están haciendo cálculos y tomando previsiones. Los chilenos, ni lo duden. ¿Y nosotros? Nada. Hace mucho que Relaciones Exteriores y Defensa tendrían que estar previendo probables escenarios y acciones.) Esto no es broma ni política-ficción. Una Bolivia agresiva o desestabilizada, devendrá en amenaza regional.

Es obvio que un eventual “Plan Perú”, independientemente de que apuntaría directamente al corazón de las actividades del narcotráfico (y que suponemos implicaría el libramiento de grandes sumas de dinero sobre todo para proyectos de infraestructura vial, los únicos que podrían ayudar al éxito de la estrategia de sustitución de cultivos porque esas zonas son verdaderos “ghettos geográficos”; para capacitar a la Policía Nacional, para planes de prevención, mayor cooperación de inteligencia, etc., además de una incrementada presencia permanente policial y militar estadounidense) también serviría para ese “gran juego” geopolítico que se está dando entre Washington y Caracas. La posición geopolítica central peruana es clave para una estrategia de contención política a una Bolivia y un Ecuador chavistas. Son servicios estratégicos que Lima bien puede prestar a Washington, a cambio de la aprobación del TLC o por lo menos de una ampliación indefinida del ATPDEA, algo que favorecería el proyecto de Sierra Exportadora.

Por otro lado están nuestras relaciones con el Brasil. La auspiciosa reciente visita de Alan García a ese país, pone de una vez por todas sobre el tapete la adopción de una serie de medidas bilaterales concretas como la construcción de las carreteras interoceánicas sur y norte, la participación peruana en el SIVAM y el SIPAM para controlar nuestros espacios amazónicos, combatir al narcotráfico y proteger al medio ambiente, entre otros), reuniones “2+2” entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países, etc. Todo esto, dentro de la intención peruana de estrechar los lazos con Brasilia para reforzar nuestra estrategia de competencia “amistosa” con Chile, visando su proyección y la de los países del MERCOSUR en dirección al Asia-Pacífico, así como la recepción de lo que de esa zona venga hacia Sudamérica.

Durante el gobierno de Toledo, las relaciones Lima-Brasilia se afectaron negativamente por dos hechos:

  1. El inconsulto retiro – con Torre Tagle – de nuestro país del llamado G-20 por parte del entonces vicepresidente Raúl Diez Canseco, lo que molestó mucho a los brasileños por ser ellos uno de los principales impulsores (junto con la India y China) de un proyecto que busca erigir contrapesos a los Estados Unidos.
  2. La realización de las Operaciones Unitas, no en nuestra costa, sino en nuestra amazonía, algo que molestó más a Brasilia que lo del G-20 porque implicaba la presencia de tropas multinacionales en un espacio geopolítico que ellos buscan preservar como su bastión y zona de influencia.

Nos preguntamos: ¿Un “Plan Perú” no conllevaría – como antes se dijo -una incrementada y permanente presencia militar estadounidense en nuestra amazonía? ¿Cuál sería la reacción del Brasil? Salvo que se les incluyera activa y primordialmente, de rechazo total. Esto último podría, a su vez, traducirse en un fortalecimiento de los lazos con Chile y una preferencia para la proyección transpacífica. Por lo pronto, los asesores estratégicos del presidente Lula le han sugerido proponer en 2007 a los países de la región, la creación de unas Fuerzas Armadas Sudamericanas, siguiendo el modelo de la OTAN. En un análisis de Eleonora Gosman, publicado el pasado 19 de Noviembre en el diario Clarín de Buenos Aires, se indicaba que esta propuesta sería consecuencia del “recelo de las Fuerzas Armadas brasileñas, no confesado en voz alta, por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región”. Elaborada por el Núcleo de Asuntos Estratégicos dependiente de la presidencia del Brasil, la propuesta tiene una filosofía bastante definida que fue expresada por un vocero militar: “Esa integración puede tal vez impedir en el futuro una aventura militar o una presión de algún país sobre la región o sobre alguna nación sudamericana”. El objetivo es “una integración militar que permita defender los recursos naturales de la región”, entendiéndose por ello: un volumen de reservas de hidrocarburos más que respetable, es la mayor reserva de agua dulce del planeta y el área es sumamente rica en biodiversidad.

No nos queda sino ir sopesando los aspectos positivos y negativos que tendría un plan que incidiría más allá de nuestros intereses y objetivos, que podría plantear situaciones contradictorias entre los mismos y que por último podría afectar – no sabemos cómo - nuestras relaciones con Washington y Brasilia.



(*) Alberto Bolívar. Revista SOLO DEMOCRACIA Nº 3, Dic 06 / Ene 07

Bush regrets Irak invasion based on Intelligence failure

Entrevista a Henry Kissinger

Lorem ipsum