La congresista Anel Townsend acaba de presentar un proyecto de ley que busca modificar algunos artículos de la Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, que ya habían sido criticados por el Consejo de la Prensa Peruana, al considerarse que tienen aspectos que contradicen a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo referente a la clasificación, desclasificación y destrucción de la documentación que produce dicho sistema. Creo que el problema se origina por:
- La comprensible sensibilización respecto a todo lo referente a las actividades de inteligencia, producto de los excesos tanto operacionales como de clasificación de documentos – “secretismo”- en la década pasada.
- El hecho de que la Ley de Transparencia no es la que debió haber tratado el punto de la clasificación de documentos de los ámbitos de la seguridad nacional en general y de inteligencia en particular. Estos requerían un tratamiento especial, en una norma también especial, concordada con el Código Penal y que determinara qué es aquello que debería clasificarse – es decir acceso y difusión restringidos- y por cuánto tiempo. Hay democracias como Gran Bretaña, que tienen normas como la Ley de Secretos Oficiales que data de 1911 y cuyas figuras penales son sencillamente draconianas. Por ejemplo, Peter Wright, un ex oficial del MI5 (contrainteligencia) escribió un libro – Spy Catcher- en el que sostenía que Sir Roger Hollis, jefe de esa agencia entre 1967 y 1973, había sido un topo soviético. Wright no sólo no pudo publicarlo en su país, sino que literalmente huyó a Australia, en donde lo publicó en 1987. Ese mismo año, gracias a un familiar que viajó a Miami, pude adquirir un ejemplar de la edición estadounidense. Si el lector llega hoy a Gran Bretaña con un ejemplar del libro y es descubierto, podría ser detenido.
- La aun no resuelta contradicción entre democracia –sinónimo del derecho ciudadano al libre acceso a la información pública – y la protección de lo más valioso que tienen los servicios secretos: sus fuentes y métodos. Inteligencia – en cualquier país- constituye la primera línea de defensa y debe protegerlos. Es algo que cuesta comprender por el desconocimiento sobre la verdadera naturaleza e importancia, en democracia, del trabajo de inteligencia, tradicionalmente circunscrito al ámbito castrense y policial. Siguiendo con Gran Bretaña, ¿sabían que la lista con los verdaderos nombres de los espías empleados en las guerras napoleónicas, aun permanece clasificada?
El pasado 21 de febrero se supo en EE.UU. – artículo de Scott Shane en The New York Times - que desde 1999, contraviniendo una directiva presidencial de 1995 que favorecía la desclasificación, y especialmente después del 11 de septiembre, las agencias de inteligencia estaban “reclasificando” documentos (55,000 páginas a la fecha) que habían estado disponibles para el público en los Archivos Nacionales. Las razones y las implicancias políticas y legales son aun parte de una gran polémica.
(*) Alberto Bolívar.
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