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El último martes, el vicealmirante AP ® Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, refiriéndose a las acciones que debían realizarse para frenar la importación ilegal de equipos de espionaje, consideró necesario mejorar los sistemas de contrainteligencia (CI) para identificar a las mafias que se dedican a interceptar comunicaciones: “La CI tiene que existir, ese es un tema que debe funcionar permanentemente y tiene que mejorar definitivamente”, señaló. Sus palabras están en la línea de la preocupación que manifesté en mis dos últimas columnas, específicamente sobre la virtual inexistencia de CI en nuestro país, entendiendo a esta como un “esfuerzo nacional”, es decir, como un sistema; tanto así que propuse crear si no un sistema, por lo menos una agencia dedicada exclusivamente a ese campo.

Se necesita urgentemente mejorar nuestras capacidades de CI, no sólo por el tema de las ilegales interceptaciones de comunicaciones, sino porque en términos generales todo Estado tiene el legítimo derecho de proteger sus secretos. Podemos vivir en una democracia, podrá existir apertura en términos generales, pero hay aspectos en la conducción de los asuntos gubernamentales que tienen que conducirse dentro de los más estrictos marcos de confidencialidad, como son – por nombrar sólo a dos - los de la política exterior y la defensa nacional (esta última, en los ámbitos externo e interno).

El Estado necesita CI porque tiene que protegerse de riesgos y amenazas de inteligencia que actores estatales y no estatales conducen a través de sus servicios o estructuras de inteligencia, muchas veces recurriendo al espionaje humano o técnico. En otras palabras, estos actores van a buscar penetrar las capas y niveles de CI (y seguridad) que se le antepongan. Teórica e idealmente, en el mejor de los casos para el Estado, deben ser muchas y variadas, humanas y técnicas, y deben comprender medidas de CI tanto activas como pasivas.

Entiéndase muy claramente algo: para protegerse del espionaje se necesitan equipos humanos pero también técnicos para detectar, seguir, penetrar y eventualmente manipular a quienes están conduciendo esas acciones contra el Estado (y contra los particulares). En el caso específico de los equipos técnicos (como los de interceptación de comunicaciones), su posesión debe ser exclusiva del Estado y debe crearse el pertinente marco legal que sancione – después de haberlos detectado a través de un buen trabajo de CI – a quienes los posean.

El rol que debe cumplir una estructura de CI implica mucha responsabilidad y es más importante de lo que se cree, porque como decía el profesor David Major, “para proteger los secretos, aquellos que lo hacen, primero tienen que conocerlos.” Ergo, en el juego del espionaje, la jugada más magistral es la de captar a un miembro de la CI del otro lado, que es por ejemplo lo que en 1979 hicieron los soviéticos de la KGB, continuándola los rusos del SVR hasta 2001 (porque los asuntos de espionaje exterior no son asuntos de gobierno, sino de Estado), reclutando a Robert Hanssen, un genio de CI técnica del FBI.