Grupo Strategos

La asonada que estamos presenciando en Moquegua a raíz del reclamo sobre la equidad en términos de la distribución del canon minero, tiene diversas – algunas de ellas, graves – implicancias geopolíticas y estratégicas.

Primero, como lo dice el título de este artículo, el sur peruano se quiebra, en momentos que debíamos empezar a ver la forma de sentar las bases para la conformación de una poderosa macro región que pudiera servir estratégicamente para la (saludable) competencia geoeconómica con el norte chileno. Ahora constatamos que el peor legado de la presidencia de Alejandro Toledo fue el haber permitido la aberración geopolítica de tener 24 “regiones”. Eso nunca debió haber sucedido y ahora sufrimos una de sus consecuencias: el germen de un peligroso enfrentamiento civil entre dos unidades político-administrativas de gran peso económico para nuestro país.

Segundo, afloró un antiguo elemento de conflicto entre Tacna y Moquegua, que no es otro que el de la distribución del agua, y que incluso fue esgrimido como herramienta de presión por las autoridades tacneñas.

Tercero, las heridas que como secuela va a dejar este enfrentamiento, harán muy difícil – si no imposible – la conformación de dicha macro región.

Cuarto, hemos constatado la poca legitimidad y – por ende – representatividad que tienen las autoridades moqueguanas. Los manifestantes, que hasta ahora no es muy claro quién o quiénes los dirigen, simplemente no les hacen caso porque no las consideran como sus verdaderos representantes y menos como interlocutores válidos ante el gobierno central. Esto dificulta cualquier escenario de diálogo efectivo porque en un ambiente radical, para legitimarse, competirán por tener posturas más radicales.

Quinto, nuevamente hemos constatado la poca capacidad de anticipación o de respuesta política por parte del gobierno de García. ¿Ha constituido una falla de inteligencia? Si es así, ¿en cuál de sus variables: que el sistema no detectó los indicadores de alerta temprana; que los detectó tardíamente; o que sí cumplió con su misión y transmitió la alerta, pero no le hicieron caso? ¿Participaron grupos radicales? ¿Ha habido injerencia extranjera? Todo esto debe averiguarlo la Comisión de Inteligencia del Congreso.

Sexto, la pasmosa constatación de cómo cualquier tipo de protesta popular– justa o no -, necesariamente está deviniendo en una violenta turba que escapa al control de incluso los mismos que la convocaron, ¿o es que casualmente de eso se trata? Ergo, ¿podemos ir ya planteando futuros escenarios de protesta en los que más temprano que tarde tendremos que lamentar un muy alto costo social? Si esta premisa tiene un sustento válido, ¿no deberíamos ir diseñando respuestas imaginativas y proporcionadas?

Séptimo, el ominoso secuestro de decenas de agentes del orden, ¿no constituirá el modus operandi al que recurrirán los organizadores de las próximas asonadas que irán in crescendo conforme se aproxime la Cumbre de APEC?

Octavo, nadie terminará en prisión por el bloqueo de las vías de comunicación y por el secuestro de los policías. Al final, será uno de los puntos clave del acta que se firme con los actores de la asonada. ¿Apostamos?